Wilson Soto retira proyecto sobre regulación a influencers
El congresista de Acción Popular retiró su iniciativa que proponía exigir título profesional a influencers para difundir contenido especializado
El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, anunció el retiro de su proyecto de ley que proponía establecer requisitos profesionales y un marco sancionador para los influencers, streamers y líderes de opinión que difundan información especializada en redes sociales.
La decisión fue comunicada este viernes mediante un documento oficial, en el que Soto señaló que la medida no responde a presiones externas, sino a un “acto de escucha, responsabilidad y comprensión de que este no es el momento adecuado” para impulsar una iniciativa de este tipo.
Proyecto incluía registro y sanciones para creadores digitales
La propuesta legal contemplaba la creación de un Registro de Medios Digitales y Creadores de Contenido Digital, bajo la administración de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. Esta entidad habría tenido facultades para fiscalizar a los creadores digitales, determinar responsabilidades e imponer sanciones.
Entre las medidas contempladas en el proyecto se encontraban multas de hasta 5 UIT e inhabilitación por un plazo de hasta tres años, aplicables a quienes difundieran contenidos sin sustento en temas sensibles como salud, educación o seguridad.
Soto advierte sobre efectos de la desinformación en redes
En su comunicado, Wilson Soto sostuvo que “la problemática que motivó esta iniciativa existe y es real”, refiriéndose a casos recientes de desinformación y recomendaciones irresponsables que han circulado en redes sociales. Mencionó ejemplos como tratamientos médicos no comprobados, asesorías financieras sin respaldo técnico o contenidos que ponen en riesgo la integridad de las personas.
El congresista expresó que, aunque el proyecto no seguirá adelante, espera que el país inicie un “debate serio y necesario sobre la responsabilidad que implica influir en grandes audiencias digitales”, señalando que la prioridad debe ser proteger a la población que consume estos contenidos.