Argentina: Cristina Fernández afronta mayor juicio por corrupción
La expresidenta argentina es acusada de liderar una red de sobornos por contratos públicos. El proceso se basa en registros de pagos ilegales anotados por un exchofer estatal.
Cristina Fernández de Kirchner afronta desde Buenos Aires el mayor juicio por corrupción en la historia judicial de Argentina. La expresidenta es la principal acusada en la llamada “causa cuadernos”, una megacausa basada en registros escritos por un exchofer del Ministerio de Planificación que documentó durante años presuntos pagos ilegales dirigidos a funcionarios públicos.
La acusación formal, leída en la primera audiencia del proceso, señala a Fernández como destinataria final de sobornos vinculados a contratos estatales. La Fiscalía estima que al menos 38 pagos por un valor aproximado de 17 millones de dólares habrían beneficiado directamente a la exmandataria, quien sigue cumpliendo arresto domiciliario por otra sentencia.
Acusación por asociación ilícita y sobornos millonarios
El juicio tiene como base los apuntes manuscritos del exchofer Oscar Centeno, quien habría documentado durante más de una década entregas de dinero a exfuncionarios y autoridades del gobierno. Según la acusación, esos pagos constituyen evidencia de una red organizada para la obtención de beneficios irregulares a cambio de concesiones públicas.
Fernández de Kirchner está imputada como jefa de una asociación ilícita y como receptora de los fondos ilegales. En este proceso también están involucrados 87 imputados, entre exministros, empresarios y funcionarios de alto nivel, la mayoría de los cuales participaron de la audiencia por videoconferencia.
Participación remota desde su domicilio
La expresidenta compareció de manera virtual desde su residencia en Buenos Aires, donde cumple prisión domiciliaria desde junio por una condena de seis años en el caso Vialidad, relacionado con obras públicas en la provincia de Santa Cruz. Durante la audiencia, estuvo conectada junto a su abogado mientras se leía el pliego de acusaciones.
Cristina Fernández ya ha sido inhabilitada políticamente por sentencia previa. Este nuevo juicio podría derivar en una pena de hasta diez años de prisión si se confirman los cargos en su contra al término del proceso judicial.
Señalamientos de persecución política
Previo al inicio del juicio, la exmandataria publicó mensajes en la red X donde calificó el proceso como una “opereta judicial”. Sostuvo que la causa es impulsada para distraer a la opinión pública de las reformas económicas promovidas por el actual gobierno de Javier Milei, entre ellas los cambios en materia laboral y previsional.
“No tengo miedo. Sé que la historia pondrá las cosas en su lugar”, escribió Fernández. También acusó al oficialismo de utilizar el sistema judicial con fines políticos.
Defensa cuestiona legalidad de las pruebas
La defensa de Fernández, encabezada por el abogado Gregorio Dalbón, sostiene que los registros de Centeno fueron alterados en más de 1.500 oportunidades, con cambios en fechas, nombres y direcciones. En ese sentido, ha calificado la causa como “la vergüenza judicial más grande que tuvo la democracia”.
El equipo legal argumenta que la evidencia carece de validez probatoria por haber sido modificada y por no contar con respaldo documental independiente. A pesar de ello, la Fiscalía ha sostenido la acusación y afirma que se trata de la investigación más extensa de corrupción en la historia argentina.
Juicio de largo aliento con decenas de testigos
La causa reúne a un total de 87 imputados, entre ellos numerosos exfuncionarios y empresarios. Por la magnitud del caso, la audiencia fue transmitida en YouTube, ya que no existe una sala judicial con capacidad suficiente para todos los involucrados.
El proceso contempla la declaración de cientos de testigos y se proyecta que podría extenderse durante varios años. La Fiscalía insiste en que hay elementos suficientes para atribuir responsabilidad penal a los acusados, en especial a la expresidenta.
Condición judicial y política actual de Fernández
Cristina Fernández lidera actualmente el opositor Partido Justicialista y continúa siendo una figura central del peronismo. Sin embargo, su situación judicial y la reciente derrota electoral del movimiento han debilitado su liderazgo.
Durante su arresto domiciliario, se le permite recibir visitas políticas y emitir mensajes públicos desde su residencia. La vigilancia se mantiene mediante una tobillera electrónica y restricciones judiciales vigentes.
Contexto político y tensiones internas en el peronismo
El inicio del juicio coincide con un momento de crisis interna para el peronismo. Tras la derrota en las elecciones de medio término, distintas figuras del espacio han cuestionado la estrategia electoral de Fernández. Algunos sectores promueven una renovación del liderazgo con miras a los comicios presidenciales de 2027.
Analistas políticos consideran que el juicio podría influir en la reconfiguración del movimiento peronista, donde emergen figuras como el gobernador Axel Kicillof, quien ha marcado distancia del liderazgo actual.
Cristina Fernández de Kirchner enfrenta en Argentina el juicio más grande por corrupción en la historia del país. Acusada de liderar una red de sobornos durante su gobierno, se le atribuyen pagos ilegales por más de 17 millones de dólares. La causa, basada en anotaciones de un exchofer, también involucra a 87 imputados. Fernández negó los cargos y calificó el proceso como una maniobra política del gobierno de Javier Milei. El juicio se desarrolla por videoconferencia y se espera que dure varios años. La exmandataria cumple arresto domiciliario por otra condena y continúa al frente del Partido Justicialista.