Argentina: Cristina Fernández fue citada a declarar por sobornos millonarios
Argentina fue sacudida este miércoles por un nuevo escándalo de corrupción, por el supuesto pago de sobornos millonarios, que derivó en una docena de detenciones de exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner y empresarios, entre ellos un exdirectivo vinculado al grupo de la familia del presidente Macri.
La información surgió, en primera instancia, de seis cuadernos y dos anotadores manuscritos en los que supuestamente el exchofer de uno de los funcionarios dejó registro de los movimientos de dinero durante una década.
Según la Fiscalía, se habrían movido "unos 160 millones de dólares en efectivo" en bolsos, provenientes de sobornos que empresarios entregaban a cambio de la adjudicación de obra pública.
La expresidenta (2007-2015) y actual senadora Kirchner fue citada a indagatoria el próximo 13 de agosto por el juez Claudio Bonadio, aunque no se especificó si en calidad de testigo o de imputada. Su domicilio en la capital argentina está señalado como destino de una de las supuestas entregas de dinero.
"La hipótesis que se investiga es la de asociación ilícita", declaró a Radio La Red el fiscal de la causa, Carlos Stornelli, quien aclaró que "se libraron 20 órdenes de detención", pero hay secreto de sumario.
Las 12 detenciones se produjeron en la madrugada del miércoles, y se llevaron a cabo 34 allanamientos en Buenos Aires y su periferia, declaró el jefe de policía, Néstor Roncaglia.
En los allanamientos, fueron secuestrados 14 vehículos de alta gama, unos 50.000 dólares en distintas monedas y dispositivos informáticos.
Entre los detenidos, figuran Roberto Baratta, exsecretario de coordinación del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, este último encarcelado en otra causa por supuesta corrupción.
También fueron arrestados los empresarios Gerardo Ferreyra, de la constructora Electroingeniería, y Javier Sánchez Caballero, exgerente general de IECSA, la constructora que pertenecía a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y que provenía del grupo Socma (Sociedad Macri).
Otro de los detenidos fue Rafael Llorens, exsubsecretario legal de Planificación Federal.
Los arrestos se produjeron tras la declaración de la exesposa del chófer de Baratta, Oscar Centeno, también detenido, sobre supuestos traslados de bolsos con dinero a ese ministerio y a la Casa Rosada, sede de la presidencia, entre otros sitios.
Meses atrás, esa mujer había asegurado que en la casa de los padres de Baratta había una bóveda, que no pudo ser hallada por la justicia, recordó la esposa de De Vido.
Cuadernos y bolsos
El caso salió a la luz este miércoles pero la investigación comenzó hace ocho meses, cuando un informante entregó una caja con seis cuadernos y dos anotadores, todos ellos manuscritos, al periodista Diego Cabot del diario La Nación.
"Me encontré con un relato detallado y absolutamente fidedigno en cuanto a la narración de prácticamente diez años de movimientos de una de las mesas chicas (entorno) del ministerio de Planificación Federal", relató Cabot al canal La Nación+.
En los cuadernos, figuraría un reporte minucioso de todos los traslados y entregas de dinero que habría hecho Baratta a bordo de su automóvil entre 2005 y 2015, entre los cuales está citado el domicilio de la expresidenta.
Kirchner, cuyo cargo de senadora le otorga fueros parlamentarios por los que puede ser juzgada pero no detenida, estuvo este miércoles en el Senado, sin hacer declaraciones a la prensa.
La expresidenta y varios de sus funcionarios están envueltos en causas de corrupción. El más emblemático fue el caso de José López, exsecretario de Obras Públicas atrapado 'in fraganti' en 2016 cuando intentaba esconder bolsos con nueve millones de dólares en un convento en las afueras de Buenos Aires.
Bonadio, juez a quien Kirchner intentó destituir por mal desempeño mientras ejercía la presidencia, ya había procesado a la exmandataria en diciembre pasado por el supuesto encubrimiento a iraníes acusados del atentado a la mutual judía AMIA, que causó 85 muertos en 1994.
También fueron citados a declarar el exjefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, el exsecretario general de la Presidencia y exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Oscar Parrilli, y otros exfuncionarios de Kirchner que aparecen en las anotaciones.
Informado por un programa de radio de que será indagado en la causa, el exjuex Norberto Oyarbide, dijo no tener "ni la más pálida idea" de los supuestos bolsos con millones de dólares y lo calificó como "una calumnia". (AFP)
Un trabajo periodístico del diario La Nación desencadenó la apertura de una investigación judicial que en las últimas horas ha dejado doce detenidos y varios citados a declarar, acusados de integrar una "asociación ilícita" con la que distintas sociedades se beneficiaban de contratos gracias al pago de coimas.
Decisivas para destapar el escándalo fueron las anotaciones que durante más de una década tomó supuestamente el chófer de uno de los colaboradores más cercanos al entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, encargado de las áreas de obras públicas, energía y vivienda y uno de los imputados.
En varios cuadernos escolares, Óscar Centeno, que está entre los arrestados, fue apuntando con todo detalle cómo con su automóvil acudía a los puntos donde se recolectaba el dinero, como hoteles, oficinas o domicilios, y cómo luego, solo o acompañado, llevaba esos montos a un apartamento para después derivarlo a sus destinatarios.
Según La Nación, entre los supuestos beneficiados están, no solo para quien trabajaba como chófer, el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta quien supuestamente coordinaba los pagos, sino también De Vido y los propios Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández.
No obstante, entre la multitud de anotaciones de las libretas de Centeno están viajes con dinero hasta la residencia presidencial o al apartamento particular de la familia Kirchner en Buenos Aires.
"Nunca vi nada parecido. Una cosa así tan completa, esta bitácora nunca lo vi y tengo casi 40 años en tribunales", expresó el fiscal del caso, Carlos Stornelli, quien declinó explayarse en los detalles al regir el secreto de sumario.
Además de los exfuncionarios y empresarios detenidos, entre ellos de las empresas Iecsa que fue propiedad de Ángelo Calcaterra, primo del actual presidente, Mauricio Macri y Electroingeniería, se busca a otros imputados como Juan Carlos Goycoecha, que era titular de la filial local de la española Isolux Corsá.
Asimismo, además de Fernández que como actual senadora tiene fueros y no podría ser detenida el juez Claudio Bonadio llamó a declarar a de Vido ya en prisión preventiva por presunta corrupción desde 2017, al exsecretario general de la Presidencia Oscar Parrilli y al exjuez federal Norberto Oyarbide.
La exjefa de Estado, viuda tras la muerte de Néstor Kirchner en 2010, cuanta con cinco procesamientos judiciales, la mayoría por operaciones con adjudicatarios de obra pública.
Aunque hoy declinó dar declaraciones sobre el escándalo, su tradicional postura y la de sus colaboradores es que es víctima de una persecución impulsada por el actual Gobierno para que no se hable de otras cuestiones como la situación económica del país.
Uno de los abogados de la exmandataria, Gregorio Dalbón, afirmó en Twitter que Fernández "no tiene nada que ver" en la investigación de Bonadio, y consideró que "la espectacularidad del operativo" busca "ganar tiempo" por parte del Ejecutivo de Macri, cuyo partido político está siendo investigado por presunta financiación ilegal.
"No importa quién cae, sino que se haga justicia. Esto ayuda a dejar atrás una etapa de corrupción estructural como la que vivió nuestro país en los últimos años", opinó este miércoles el ministro de Justicia, Germán Garavano.
Valoró también que por primera vez hay un proceso "que nunca se vivió" en el país gracias al "compromiso institucional" del Ejecutivo con la "independencia judicial".
Stornelli defendió su actuación al remarcar que "nunca" se ha ajustado a "ningún momento político" y adelantó que está dispuesto a conceder a Centeno el beneficio de la figura de "arrepentido" si se presta a colaborar con la Justicia.
En sus papeles, y según la investigación periodística, el chófer hizo una pausa entre octubre de 2010, tras el fallecimiento de Kirchner, y 2013.
"Pensé que después del fallecimiento no se haría más el Valijero. Pero sí, disminuyó la propia frecuencia (…) No quise anotar más por temor a que me descubran y quede sin trabajo. Pero decidí hacerlo porque en una reunión que tuvo el ministro De Vido, Baratta y la Sr. Presidenta Cristina F. Kirchner los instruyó para que sigan recaudando de las empresas para las próximas campañas electorales", remarcó. (EFE)