Bolivia: presidente promulga ley de estados de excepción
La nueva legislación regula la participación de las Fuerzas Armadas en disturbios e infraestructura estratégica para mitigar pérdidas económicas.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, promulgó este lunes la Ley de Regulación de Estados de Excepción aprobada por el Parlamento para establecer el marco legal ante situaciones de crisis internas.
De acuerdo con el reporte oficial, la norma regula la participación de las Fuerzas Armadas en operativos de control cuando la capacidad operativa de la Policía sea superada en casos de conmoción civil.
La medida constitucional se adoptó durante la sexta semana consecutiva de protestas y bloqueos de carreteras promovidos por sindicatos y sectores campesinos en la zona andina.
La movilización social acumuló un registro de diez personas fallecidas y generó un severo desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas que afecta de forma directa a las ciudades de La Paz y El Alto.
¿Cuándo entran en vigor los estados de excepción?
La promulgación de la norma general no implica la vigencia automática ni la aplicación inmediata de un estado de excepción en el territorio boliviano. Según informó el Poder Ejecutivo, el inicio de estas acciones extraordinarias requiere de forma obligatoria la emisión posterior de un decreto supremo presidencial que delimite el área geográfica y el tiempo de duración.
El plan de contingencia y actuación conjunta de las fuerzas del orden ya se encuentra completamente diseñado por los mandos operativos del sector interior.
El jefe de Estado solicitó públicamente a los miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas actuar con profesionalidad y firmeza para resguardar la seguridad de la población civil y liberar las vías de comunicación bloqueadas.
¿Qué funciones cumplen las Fuerzas Armadas en esta excepción?
La nueva legislación autoriza a las instituciones militares a intervenir en tareas específicas de orden interno para restablecer la continuidad de las actividades productivas y ciudadanas.
Entre las competencias asignadas resalta la protección de la infraestructura estratégica del Estado, el resguardo de los servicios básicos y la garantía de libre tránsito en las carreteras mediante corredores humanitarios.
La norma legal determina expresamente que la institución policial mantiene el mando primario de las operaciones destinadas a preservar la tranquilidad pública.
Los contingentes de las Fuerzas Armadas actúan en calidad de soporte logístico y operativo únicamente cuando se declare la insuficiencia de los recursos policiales ordinarios frente a los disturbios registrados.
¿Cuál es el impacto económico de la excepción?
El desabastecimiento de insumos básicos y la parálisis del transporte terrestre motivaron el respaldo público de diversas organizaciones gremiales y comerciales hacia la iniciativa gubernamental.
El líder del sindicato de vendedores ambulantes, Andrés Chuquimia, informó que las pérdidas económicas afectan el sustento diario de las familias y solicitó la aplicación inmediata de las herramientas legales para iniciar la reactivación productiva.
El Poder Ejecutivo boliviano mantiene la convocatoria al diálogo con las organizaciones sociales de la región andina que no se encuentren vinculadas a los grupos calificados por el gobierno como narcoterroristas. Las autoridades político-administrativas ratificaron que la actual gestión gubernamental proyecta la continuidad de sus funciones institucionales hasta el año 2030 conforme a los plazos constitucionales establecidos.