Bolivia: Rodrigo Paz pidió procesar a responsables de bloqueos

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, solicitó la Policía Nacional, la Fiscalía y a la Justicia procesar penalmente a los dirigentes y sectores responsables de los bloqueos de carreteras que paralizaron el país durante siete semanas. Durante su discurso en el acto por el bicentenario de la creación de la Policía en La Paz, el jefe de Estado instó a las instituciones estatales a 'actuar con firmeza' contra quienes generaron desabastecimiento y pérdidas millonarias, asegurando que los culpables deben terminar en prisión por el perjuicio provocado a la ciudadanía.

Paz detalló que los daños materiales en la infraestructura vial ascienden a 90 millones de bolivianos (12,9 millones de dólares), una cifra que golpeó directamente el comercio internacional y el desarrollo de Bolivia. 'Una cosa es la reivindicación social y la protesta amparada en la Constitución, otra cosa es hacerle daño al pueblo bajo la excusa de pedidos infiltrados con una lógica política y narcoterrorista', enfatizó el gobernante, quien además ratificó que su Administración recuperará el control de cada territorio frente a organizaciones que pretenden adueñarse de espacios públicos.

Siete semanas de conflicto dejaron un saldo de 16 fallecidos y millonarias pérdidas

Las manifestaciones, que se iniciaron el pasado 6 de mayo bajo el liderazgo de la federación de campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), sumaron posteriormente el respaldo de facciones leales al exmandatario Evo Morales. Los sectores movilizados exigían la renuncia de Rodrigo Paz, quien cumplía siete meses de gestión. El saldo de las protestas fue calificado de crítico por el Ejecutivo: se registraron al menos 16 fallecidos (13 por falta de atención médica oportuna debido al cierre de rutas), severo desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal, y pérdidas económicas que superaron los 3 000 millones de dólares.

La tensión política se concentró especialmente en el Trópico de Cochabamba, bastión de Evo Morales, donde el expresidente permanece resguardado por sus seguidores para evitar una orden de aprehensión por presunta trata agravada de personas. Ante esta situación, el Gobierno acusó al exlíder cocalero de financiar las movilizaciones con recursos ilícitos, imputación que fue rechazada por Morales. Finalmente, tras lograr acuerdos parciales y decretar un estado de excepción ratificado por el Legislativo, las fuerzas del orden lograron liberar las vías, las cuales ya se encuentran completamente transitables.