Chile: Kast anuncia reforma constitucional contra delincuencia
Iniciativa contempla la ampliación del plazo de flagrancia a 24 horas y régimen penal estricto.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional ante el Congreso Nacional para fortalecer el combate contra la delincuencia.
El jefe de Estado detalló que la iniciativa legislativa busca establecer en el texto fundamental que garantizar la seguridad de los ciudadanos constituye un deber del Estado.
La propuesta gubernamental fue oficializada el 6 de agosto de 2026 mediante una transmisión pública coordinada por la Vocería de Gobierno de Chile.
La iniciativa gubernamental marca el inicio de una nueva etapa de gestión enfocada en neutralizar el avance de las organizaciones criminales transnacionales en el territorio chileno.
El Ejecutivo presentó un paquete de medidas que penaliza de forma agravada la pertenencia a bandas delictivas e introduce un régimen penitenciario especial para sancionar a los condenados por narcotráfico. La propuesta contempla mantener el despliegue policial permanente en 50 barrios urbanos calificados como zonas críticas.
Chile: medidas legislativas y régimen penal para la seguridad pública
El proyecto de enmienda institucional enviado al Poder Legislativo establece tipificaciones penales más severas para los integrantes de mafias dedicadas al tráfico ilícito de drogas.
En su declaración oficial divulgada por la Vocería de Gobierno de Chile, el mandatario José Antonio Kast manifestó las razones centrales del proyecto de ley: "Por primera vez el Estado no podrá desconocer la gravedad de la delincuencia".
La norma busca aplicar sanciones accesorias que garanticen que los bienes de origen ilícito resulten incautados y destruidos.
El plan integral incluye modificaciones al Código Procesal Penal para elevar la eficacia de las intervenciones del personal de Carabineros de Chile en flagrancia delictiva.
La reforma plantea ampliar el margen temporal de detención inmediata de 12 a 24 horas para facilitar la captura de sospechosos. La autoridad gubernamental sostuvo en su pronunciamiento público la prioridad del marco legal: "Pertenecer a una organización criminal será considerado un delito con penas agravadas".
Despliegue policial en áreas urbanas y control fronterizo
La estrategia de prevención contempla el mantenimiento de patrullajes intensivos continuos dentro de los 50 barrios que registran los índices más altos de criminalidad.
Las fuerzas de orden público mantendrán la presencia operativa para desarticular los puntos de venta de drogas y combatir los delitos de alta repercusión social. De acuerdo con el reporte oficial, las acciones preventivas se ejecutarán en coordinación directa con las autoridades municipales y del Ministerio del Interior.
En materia de política migratoria, la Presidencia de la República anunció un incremento en los procedimientos de retención y expulsión de extranjeros en condición irregular.
La administración estatal dispuso el refuerzo de la vigilancia en los pasos limítrofes para frenar el ingreso de integrantes de bandas criminales transnacionales. Las medidas fronterizas buscan consolidar la protección territorial mediante el despliegue de patrullas combinadas en los accesos del norte del país.
Consolidación de la estrategia estatal contra el crimen organizado
El envío de esta enmienda al Congreso Nacional se produce de manera posterior a la aprobación parlamentaria del paquete de reformas económicas del Ejecutivo.
Las comisiones parlamentarias encargadas de la evaluación legislativa deberán debatir los alcances de la norma durante las próximas sesiones ordinarias.
De acuerdo con las proyecciones del Gobierno de Chile, la implementación completa de la norma permitirá estructurar un marco legal sólido frente a la expansión de las estructuras delictivas continentales.