Chile: presidente Kast envía reforma de seguridad al Senado
La propuesta contiene ocho cambios constitucionales y plantea un estado de excepción de hasta 120 días contra el crimen.
El presidente de Chile, José Antonio Kast, presentó formalmente ante el Senado un proyecto de reforma constitucional enfocado en la seguridad ciudadana y la lucha contra el crimen organizado.
La iniciativa gubernamental ingresó al trámite legislativo con calificación de suma urgencia, estableciendo un periodo de 15 días para su análisis y votación en el pleno.
El articulado normativo comprende ocho modificaciones a la carta magna que otorgan facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo y endurecen las penas contra organizaciones delictivas.
La propuesta presidencial responde a la consolidación de redes criminales transnacionales vinculadas a negocios ilícitos en diversas regiones del territorio chileno.
Chile: iniciativa constitucional presentada por el presidente Kast
El proyecto remitido por el presidente Kast contempla herramientas operativas para intervenir ante situaciones de riesgo inminente en el orden público.
Las modificaciones constitucionales buscan modernizar los mecanismos de control estatal y dotar a las fuerzas del orden de un marco normativo con mayores facultades de acción territorial.
El Parlamento deberá evaluar el conjunto de medidas de acuerdo con el cronograma de urgencia dispuesto por el Ejecutivo para su debate en comisiones y sala.
La propuesta legislativa concentra el interés político tras el incremento de delitos atribuidos a bandas estructuradas.
El nuevo régimen de estado de excepción y las facultades del Ejecutivo
La reforma introduce una modalidad especial de estado de excepción constitucional que podrá decretarse ante amenazas graves e inminentes contra la seguridad de la nación.
Esta figura legal tendrá una vigencia máxima inicial de 120 días y podrá prorrogarse por única vez por el mismo plazo, quedando cualquier extensión adicional sujeta a la aprobación previa del Congreso.
Bajo este régimen de excepción, la administración estatal queda facultada para restringir de manera transitoria la libertad personal, el libre desplazamiento y el derecho a la reunión ciudadana.
Asimismo, las fuerzas del orden podrán realizar registros de documentación privada y comunicaciones en el marco de las investigaciones en curso.
Las sanciones penales y el procedimiento para calificar a grupos criminales
El texto constitucional establece la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos a cualquier persona condenada por delitos tipificados como terrorismo o crimen organizado.
De forma complementaria, la norma ordena la creación de registros oficiales para individualizar y monitorear a las agrupaciones ilícitas.
Asimismo, la reforma confiere al presidente de la república la potestad de declarar oficialmente a una organización como terrorista o delictiva en el país.
Dicho procedimiento requerirá obligatoriamente el respaldo técnico previo del Ministerio Público y el voto aprobatorio de dos tercios de los integrantes del Senado.