Colombia: Denuncian secuestro de militares por parte de civiles
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, denunció el traslado forzoso de 18 militares a un resguardo indígena en el Chocó mientras realizaban operaciones contra el ELN
Al menos 18 militares colombianos fueron retenidos este domingo en el municipio de Carmen de Atrato, departamento del Chocó. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que cerca de 200 personas rodearon a los uniformados y los trasladaron por la fuerza hacia un resguardo indígena. Según indicó el funcionario, los soldados se encontraban realizando un operativo contra la guerrilla del ELN cuando fueron interceptados por la población local.
Sánchez tildó la acción de "secuestro" y enfatizó que restringir el trabajo militar vulnera los derechos humanos de los efectivos. Fuentes oficiales señalaron que estas retenciones son comunes en zonas con poca presencia estatal, donde organizaciones ilegales manipulan a campesinos para frenar operativos. La gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, convocó a un consejo de seguridad extraordinario para gestionar la liberación inmediata de los uniformados.
El Ministerio de Defensa precisó que la operación militar buscaba proteger a las comunidades indígenas del reclutamiento de menores y el desplazamiento forzado. Las autoridades indicaron que ninguna presión social justifica la privación de la libertad del personal en servicio. El Gobierno colombiano reiteró que los militares cumplían con su deber legal de enfrentar las amenazas de grupos armados en la zona rural del departamento.
Antecedentes de retenciones militares en zonas de conflicto
Este evento se suma a incidentes críticos registrados recientemente en otras regiones de Colombia. En septiembre, 72 militares fueron retenidos en el Cañón del Micay por pobladores bajo influencia de disidencias armadas. Asimismo, en agosto, otros 33 uniformados pasaron tres días en cautiverio en el departamento del Guaviare. El ministro Pedro Sánchez advirtió que estas acciones ponen en grave riesgo a las comunidades que requieren protección estatal.
El Gobierno sostuvo que estas prácticas buscan obstruir las misiones constitucionales contra el narcotráfico y la insurgencia. Según detallaron las autoridades, el país vive una crisis de seguridad compleja debido al enfrentamiento entre fuerzas estatales y guerrillas. El ministro Pedro Sánchez insistió en que el Ejército no abandonará las zonas rurales pese a los mecanismos de presión empleados por grupos irregulares a través de la población.