Cuba denuncia riesgo de agresión de EE. UU. por caso Raúl Castro
El Gobierno de Cuba denunció de manera formal un creciente riesgo de agresión militar e intervención por parte de los Estados Unidos, en medio de una severa escalada de tensiones gatillada por la justicia norteamericana.
La advertencia fue emitida durante una sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde las autoridades de la isla acusaron a Washington de intensificar de manera despiadada una política de máxima presión económica y política.
La ofensiva judicial de Washington contra Raúl Castro
La respuesta de La Habana se produjo inmediatamente después de las declaraciones del fiscal general interino de los Estados Unidos, Todd Blanche. El funcionario estadounidense aseguró de forma categórica que la acusación penal presentada en Miami contra el expresidente cubano Raúl Castro no constituye un gesto simbólico ni una exhibición política.
Blanche ratificó en una entrevista televisiva que la administración norteamericana empleará todas las herramientas legales a su alcance para llevar al exmandatario ante una corte federal, acusándolo directamente de ordenar el derribo de dos avionetas de la organización de exiliados Hermanos al Rescate en el año mil novecientos noventa y seis, un operativo aéreo que causó la muerte de cuatro pilotos.
Las autoridades de Washington ya registran un avance material en este expediente judicial con la detención en territorio estadounidense del piloto cubano Luis Raúl González-Pardo Rodríguez. El investigado es identificado por los servicios de inteligencia como el presunto conductor del caza militar MiG que persiguió e interceptó las aeronaves civiles de la disidencia.
Frente a este panorama, el fiscal Blanche enfatizó que el propósito central del Departamento de Justicia es procesar penalmente a Castro en una celda federal, equiparando la estrategia con otros operativos internacionales destinados a la captura de líderes políticos de la región.
Diálogo estancado y denuncias de bloqueo energético
La posición de la isla frente a lo que consideran una fabricación de argumentos para presentar a Cuba como una amenaza a la seguridad nacional fue expuesta por la viceministra de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal.
La diplomática manifestó que los ciudadanos cubanos se encuentran plenamente decididos a defender su independencia y rechazó que una potencia extranjera dicte las directrices de su política interna. Vidal detalló que, si bien el canal formal de intercambio diplomático se mantiene abierto entre ambas capitales, los diálogos permanecen estancados debido a la persistencia de medidas coercitivas unilaterales.
La funcionaria cubana precisó que el recrudecimiento de las hostilidades se evidencia de forma muy dañina en el bloqueo petrolero impuesto por el gobierno estadounidense, el cual golpea de manera directa el abastecimiento energético de la población y los sectores vitales de la producción.
Al comparar la actual coyuntura con los mecanismos de presión que la justicia norteamericana ha empleado en otros escenarios regionales, la viceministra remarcó que la fórmula de agresión contra la isla se manifiesta ahora de forma más descarnada, castigando las condiciones de vida del pueblo cubano con la intención de forzar reformas políticas estructurales en el sistema socialista.
El Gobierno de Cuba alertó sobre la amenaza de una posible intervención militar por parte de los Estados Unidos, en el marco de una audiencia parlamentaria convocada para denunciar el endurecimiento de las sanciones económicas y el bloqueo petrolero contra la isla. Esta reacción diplomática responde a las afirmaciones del fiscal general interino estadounidense, Todd Blanche, quien ratificó que la imputación criminal contra el expresidente Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en mil novecientos noventa y seis busca llevarlo de forma efectiva ante los tribunales federales de Miami. En tanto, la cancillería cubana señaló que los diálogos bilaterales se encuentran estancados debido a la falta de seriedad de Washington, tras denunciar una campaña de máxima presión para forzar cambios en su régimen político.