Dina Boluarte firma Tratado de Alta Mar y gremios lo cuestionan
La firma del Tratado de Alta Mar por Dina Boluarte en Francia ha generado críticas de gremios empresariales por presunto riesgo a la soberanía y a la pesca formal
La reciente firma del Tratado de Alta Mar por parte de la presidenta Dina Boluarte, durante la III Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos celebrada en Niza, Francia, ha generado una fuerte ola de críticas en el país. El acuerdo internacional busca establecer normas globales para la regulación de actividades en zonas oceánicas fuera de la jurisdicción nacional, como la pesca y la minería submarina, con el respaldo de un fondo internacional para la conservación marina.
El Ejecutivo ha defendido la decisión. El embajador Hugo de Zela, en declaraciones a Canal N, aseguró que el tratado tiene beneficios para el país y que contribuye a la lucha contra la sobrepesca. Además, señaló que existe “confusión” sobre su alcance. Por su parte, el canciller Elmer Schialer anunció que ofrecerá una conferencia de prensa a su retorno a Lima para explicar los objetivos y efectos del tratado.
Gremios empresariales denuncian afectación a la soberanía
Sin embargo, las principales asociaciones empresariales del país han manifestado su firme oposición. En un comunicado conjunto, COMEXPERÚ, la Sociedad Nacional de Industrias y la Sociedad Nacional de Pesquería advirtieron que la suscripción del tratado pone en riesgo la soberanía nacional y afecta directamente la actividad pesquera formal.
Las críticas apuntan a que el acuerdo compromete el ejercicio autónomo del Perú sobre la explotación y conservación de recursos marinos, afectando la seguridad alimentaria y la inversión privada. Los gremios consideran que el tratado crea nuevos mecanismos internacionales que podrían imponer decisiones sobre áreas estratégicas sin considerar la realidad nacional.
Acusan falta de consulta técnica antes de firmar
Uno de los puntos más cuestionados por los gremios es la falta de diálogo técnico previo a la firma del tratado. Señalan que ni el Ministerio de la Producción, ni el Instituto del Mar del Perú, ni los gremios pesqueros o industriales fueron consultados sobre las implicancias del acuerdo.
Desde su perspectiva, una decisión de tal magnitud requiere de evaluación técnica y consenso con los sectores involucrados, especialmente cuando se trata de actividades que impactan directamente en el desarrollo económico descentralizado del país.