Estados Unidos sanciona a jueces de la Corte Penal Internacional
Estados Unidos anunció sanciones contra cuatro jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), en una medida que afecta incluso a ciudadanos de países aliados. Según el secretario de Estado, Marco Rubio, los sancionados intentaron iniciar procesos contra ciudadanos estadounidenses e israelíes sin el consentimiento de sus respectivos gobiernos.
Las medidas incluyen la prohibición de ingreso a territorio estadounidense y el congelamiento de bienes en ese país. La decisión fue respaldada públicamente por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y cuestionada por gobiernos como el de Francia, que expresó su “consternación”.
Jueces sancionados lideran investigaciones sensibles para EE.UU. e Israel
Entre los sancionados se encuentra el juez francés Nicolas Guillou, actual presidente del proceso en el que se dictó una orden de arresto contra Netanyahu.
El caso fue presentado por el Estado de Palestina y se relaciona con la ofensiva militar israelí en Gaza, iniciada tras el ataque de Hamás en octubre de 2023.
También fue sancionada la jueza canadiense Kimberly Prost, vinculada a una causa que autoriza la investigación de crímenes de guerra en Afganistán, donde están implicadas tropas estadounidenses.
Además, se impusieron sanciones a los fiscales Nazhat Shameem Khan, de Fiyi, y Mame Mandiaye Niang, de Senegal, por apoyar procesos relacionados con Israel.
Argumento oficial: amenaza a la seguridad nacional
El secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la medida señalando que la CPI “se ha convertido en una amenaza a la seguridad nacional” y en “un instrumento de guerra jurídica” contra Estados Unidos y su aliado Israel. En su comunicado, afirmó que los procesos iniciados por el tribunal carecen de jurisdicción al no contar con el consentimiento de los Estados involucrados.
Estas sanciones se suman a las adoptadas en junio, cuando se impuso una medida similar contra otros cuatro jueces del mismo organismo internacional.
Apoyo de Netanyahu y críticas desde Francia
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió la decisión de Estados Unidos, calificándola como “una acción decisiva contra la campaña de difamación y mentiras dirigida contra el Estado de Israel”. El tribunal de La Haya ha solicitado también la detención del exministro de Defensa israelí Yoav Gallant y del comandante de Hamás, Mohammed Deif, quien posteriormente fue abatido.
Francia, por su parte, manifestó su rechazo a las sanciones. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores declaró que se trata de una medida contraria al principio de independencia judicial, y lamentó que se haya dirigido contra uno de sus magistrados, quien trabajó previamente en el sistema judicial estadounidense.
La CPI denuncia ataque a su independencia institucional
La Corte Penal Internacional respondió con un comunicado en el que calificó la medida como “un ataque flagrante” contra su independencia y su carácter imparcial. Recordó que la CPI fue creada como tribunal de última instancia para actuar en contextos donde los sistemas judiciales nacionales no garantizan justicia.
El organismo, con sede en La Haya, cuenta con el respaldo de más de 120 países, incluyendo la mayoría de democracias europeas. Ni Israel ni Estados Unidos forman parte del Estatuto de Roma, base legal del tribunal.
Contradicciones en la política exterior de Washington
La decisión de imponer sanciones a jueces de países aliados contrasta con la reciente reunión entre el expresidente Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska. Putin enfrenta una orden de arresto por parte de la CPI por crímenes de guerra vinculados a la invasión de Ucrania.
Pese a esta orden, Trump lo recibió públicamente, lo que impidió una aplicación directa de la jurisdicción del tribunal. La administración estadounidense ha reiterado su no reconocimiento de la CPI, pero ha sido criticada por su aparente doble estándar frente a distintos actores internacionales.
Impacto diplomático y judicial en desarrollo
Las sanciones anunciadas por Washington reavivan el debate sobre la legitimidad y el alcance de la Corte Penal Internacional. Si bien Estados Unidos ha sido históricamente reticente a aceptar la jurisdicción del tribunal, estas medidas se producen en un contexto de creciente presión internacional para garantizar la rendición de cuentas en conflictos armados.
Estados Unidos sancionó a cuatro jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional, incluidos magistrados de Francia y Canadá, por promover procesos contra ciudadanos estadounidenses e israelíes. La medida fue respaldada por el primer ministro israelí y rechazada por la CPI y autoridades francesas. Washington impedirá el ingreso de los sancionados a su territorio y bloqueará sus bienes, generando tensiones diplomáticas con países aliados y organismos internacionales.