Francia pone en vigor el certificado sanitario para luchar contra el coronavirus

En Francia, los ciudadanos empezaron este lunes a utilizar el controvertido certificado sanitario contra la COVID-19, cuyo obligatoriedad se extendió hoy también a bares, restaurantes, cafés, trenes y otros lugares que acogen al público, en un primer día marcado por la resignación de unos y la pedagogía de las autoridades antes de poner multas.

Varios altos responsables del Gobierno acudieron en primera persona a velar por la puesta en marcha de la norma, como el ministro delegado de Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, que asistió a la Estación de Lyon, en París, donde informó de que los controles afectarán en este primer día a un cuarto de los trenes.

En algunos casos se ha puesto en marcha un sistema de registro previo para evitar largas colas en estaciones y aeropuertos.

Djebbari insistió en que se trata de una semana de introducción y, como ya había señalado el ministro de Sanidad, Olivier Véran, la intención es acompañar a los ciudadanos en la puesta en marcha del sistema, especialmente a los vendedores que tienen que controlarlo.

Este fue el caso del café Rive Droite, en la concurrida zona céntrica de Les Halles, donde según pudo comprobar Efe la policía advirtió a los responsables del establecimiento de que no todos los clientes tenían el pasaporte sanitario en orden, pero se fue sin multar a nadie.

En general, controladores y controlados asumían la norma, aunque en buena parte se debe a la imposición y no a la adhesión.

Marina Parengton, camarera, se encontraba este lunes por la mañana como clienta en una terraza de París, donde puso en duda la efectividad de la medida.

"Para mí no es una buena idea. Los restaurantes han estado cerrados mucho tiempo y hace solo tres meses que podemos abrir. No es complicado pedirlo, pero no me gusta tener que preguntar a todo el mundo si tiene el pase sanitario. Hay que vacunarse, pero no debe ser una obligación", consideró.

A pocos metros, en otro establecimiento, un cliente se mostraba convencido de los beneficios de pedir el certificado sanitario.

"Yo estoy a favor, creo que permitirá limitar los contagios y que no planteará problemas. No me parece intrusivo", dijo el hombre, Thierry Capet, tras ser controlado por las autoridades.

Las multas para los clientes que no acepten la ley es de 135 euros, y hasta 3750 euros con seis meses de prisión si hay tres reincidencias en un mes. Para los locales el riesgo de no controlar puede llegar al cierre administrativo, aunque se espera que las autoridades empiecen a ser más severas a partir de septiembre.

TERRAZAS VACÍAS
Tanto en París como en otras capitales de provincia en el interior, como Burdeos (sudoeste), el ambiente en las terrazas era este lunes un tanto desolador debido también al cierre de muchos locales por las vacaciones estivales.

Algunos hosteleros lo achacaron directamente al pase sanitario, que debe atestiguar una pauta de vacunación completa o un documento médico de haber pasado la enfermedad en los seis meses anteriores o una prueba de diagnóstico negativa de las últimas 72 horas.

Donde se veían más colas que en las últimas semanas era en los puestos efímeros preparados para la realización de test de antígenos de farmacias.

"Con respecto a la misma hora del viernes, ha subido el número de personas que vienen a hacer un test", confirmó el estudiante de Medicina Martin Piquet, que hacía las pruebas en un local del centro de París.

Una joven acudía a pasar la prueba, que hasta otoño estará cubierta por la seguridad social, para "poder ir a tiendas, restaurantes" e irse de vacaciones, comentó.

Este pase sanitario, recogido en la ley que fue promulgada el pasado viernes después de que el texto fuera aprobado en el Parlamento y validado por el Consejo Constitucional, extiende el uso del certificado que ya se venía pidiendo desde el 21 de julio en museos, teatros, cines, salas de deporte y cultura con un aforo de mas de 49 personas.

Se solicitará también para acceder al hospital -salvo urgencias-, residencias de ancianos, donde el personal sanitario está obligado a vacunarse antes del 15 de octubre, y otros locales de la Administración.

Según las encuestas, seis de cada diez ciudadanos respaldan la medida que busca aumentar el número de vacunados y acelerar la inmunidad de la población ante el avance de la variante delta.

El pasado sábado, más de 230 000 opositores, según cifras del ministerio del Interior, salieron a las calles del país para protestar contra la medida que califican de liberticida.

Actualmente 44.7 millones de personas han recibido en Francia al menos una dosis de la vacuna desde el inicio de la campaña a finales de diciembre, el 66.4% de la población total, y 37.2 millones tienen ya la pauta completa, el 55.2%.

Con información de EFE