Justicia imputa a hijas de Zapatero por tráfico de influencias
Un juez imputa a las hijas y secretaria del expresidentel del Gobierno español, José Rodríguez Zapatero
La justicia de España anunció este jueves la imputación de las dos hijas y la secretaria del expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en el marco de la investigación que se le sigue por el presunto delito de tráfico de influencias. Alba Rodríguez Espinosa y Laura Rodríguez Espinosa, titulares de la empresa de marketing Whathefav, así como la secretaria Gertrudis Alcázar, fueron incluidas en la causa en calidad de investigadas.
El comunicado judicial detalla que a la sociedad de las hijas se le atribuye un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos. Respecto a la secretaria, el magistrado recordó los indicios de su participación directa en los acontecimientos. Esta investigación se inscribe en el denominado caso "Plus Ultra", el cual evalúa si el exdirigente socialista favoreció, a cambio de dinero, el rescate público con 53 millones de euros (unos 61 millones de dólares) de dicha aerolínea durante la pandemia de covid-19.
Zapatero niega cargos tras hallazgo de joyas en su caja fuerte
El juez acusa a quien fuera presidente de España entre los años 2004 y 2011 de liderar de forma presunta "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para el cobro de sobornos. Durante las diligencias, las autoridades hallaron en su caja fuerte joyas y relojes valorizados en más de 1.3 millones de euros, cuyo origen sin acreditar generó una línea de investigación adicional por fraude fiscal. Según la prensa española, el entorno del exjefe de Gobierno afirma que dichos objetos fueron un regalo de un líder saudita.
José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el magistrado y negó cualquier irregularidad. Pese a que la fiscalía solicitó la retirada de su pasaporte, quedó en libertad sin medidas cautelares. "Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido", afirmó mediante un comunicado donde se declaró "completamente inocente". Es la primera vez que un mandatario español, en funciones o retirado, afronta una investigación judicial de este tipo, un escenario que complica políticamente al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debido a la afinidad entre ambos.