Justicia en Venezuela otorga medidas alternativas a 51 detenidos
Las medidas se aplican tras solicitudes del programa para la convivencia y paz de Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela
El Gobierno de Venezuela informó este lunes que la justicia otorgó durante la semana pasada "medidas alternativas" a la privación de libertad para un grupo de 51 personas que se encontraban detenidas. Según el comunicado emitido por el Ministerio de Comunicación e Información, estas acciones se ejecutaron a solicitud del Programa para la convivencia y paz, una iniciativa impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Los beneficiados han sido descritos como personas "procesadas o condenadas" por delitos que el Ejecutivo califica como "atentados contra la institucionalidad democrática".
La decisión fue respaldada por el Ministerio Público, institución que el pasado 16 de abril presentó formalmente las solicitudes ante los tribunales competentes. De acuerdo con la información oficial, las medidas fueron acordadas y ejecutadas en esa misma fecha. Sin embargo, el Estado venezolano no ha hecho públicas las identidades de los ciudadanos favorecidos ni ha detallado en qué consisten exactamente estas "medidas alternativas", lo que mantiene la opacidad sobre el alcance real de este proceso de liberación parcial.
Este anuncio surge en un momento donde diversos sectores denuncian la ralentización de la amnistía general iniciada en febrero de 2026. Aunque la justicia ha otorgado la libertad plena a más de 8,000 personas en los últimos meses, organizaciones de derechos humanos subrayan que la gran mayoría de estos individuos ya gozaban de medidas cautelares y que la ausencia de un listado oficial impide verificar el cese de la persecución política.
Situación de los presos políticos y denuncias de hostigamiento
A pesar de los anuncios oficiales, las cifras de las organizaciones civiles contrastan con la narrativa de pacificación del Gobierno. La ONG Foro Penal, encargada de la defensa legal de los detenidos por causas de conciencia, reporta que al menos 477 personas permanecen bajo arresto por motivos políticos en el país. En este grupo se incluyen 43 ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad que aún esperan una resolución definitiva de sus casos.
En paralelo, se han registrado nuevas denuncias de persecución. Orlando Moreno, coordinador de derechos humanos de Vente Venezuela —agrupación de la líder María Corina Machado—, alertó sobre el hostigamiento de agentes de seguridad en su contra. Moreno denunció la presencia de funcionarios apostados fuera de su vivienda en el estado Delta Amacuro durante el desarrollo de actividades políticas. Asimismo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) reportó irregularidades en el caso del periodista Carlos Julio Rojas, a quien se le negó la anulación de su proceso judicial tras un retraso de más de un mes en la respuesta a su solicitud de amnistía.
La presión sobre los partidos de oposición también se ha manifestado con la detención de Alexis Paparoni, presidente de Primero Justicia en el estado Mérida. Paparoni fue aprehendido por efectivos de contrainteligencia militar en el aeropuerto de Caracas, y aunque fue excarcelado posteriormente con medidas cautelares, su caso es citado como ejemplo de la vigencia de los mecanismos de control judicial contra la disidencia.
Ralentización del proceso de amnistía y falta de transparencia
El proceso de amnistía, que tuvo un inicio dinámico a principios de año, parece haber perdido fuerza según los actores de la oposición. La falta de divulgación de nombres de los beneficiarios por parte del Ministerio Público ha sido duramente cuestionada por partidos como Primero Justicia y la plataforma de Vente Venezuela. Para estas organizaciones, la entrega de medidas alternativas a cuentagotas no resuelve el problema de fondo de la institucionalidad democrática en Venezuela.
El Gobierno ratificó en su último comunicado que "seguirá adoptando medidas" para favorecer el reencuentro de la población y el fortalecimiento del tejido social. No obstante, la discrecionalidad con la que se manejan los expedientes judiciales genera dudas sobre si estas medidas alcanzarán a los perfiles de mayor relevancia política que continúan en prisión. La mayoría de las 8,000 liberaciones mencionadas por el sistema de justicia corresponden a personas que ya tenían procesos abiertos pero no estaban en centros penitenciarios de máxima seguridad.
La comunidad internacional y las relatorías de derechos humanos mantienen la vigilancia sobre el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía, exigiendo que la amnistía se traduzca en una libertad plena y sin condiciones para todos los ciudadanos detenidos por ejercer sus derechos políticos. Mientras tanto, el Ministerio de Comunicación e Información asegura que el camino de la paz ciudadana seguirá siendo la prioridad de la gestión de Delcy Rodríguez, a pesar de los constantes reportes de hostigamiento contra la oposición en el interior del país.