Suecia prepara prisiones para menores de 13 años ante violencia
El proyecto de ley rebaja la imputabilidad penal de los 15 a los 13 años debido a que las redes de crimen organizado reclutan a menores para evadir la justicia.
El Gobierno de Suecia ha puesto en marcha una reforma drástica en su legislación punitiva que rompe de manera directa con su histórica tradición de bienestar social y rehabilitación. Ante el incremento desmedido de tiroteos, extorsiones y atentados con explosivos perpetrados por bandas delictivas, las autoridades suecas presentaron un proyecto de ley que reducirá la edad de responsabilidad penal de los 15 a los 13 años.
Esta medida, diseñada bajo la premisa de que la criminalidad juvenil pone en riesgo la seguridad nacional, contempla que los adolescentes condenados por delitos graves cumplan penas en prisiones especiales.
El ministro de Justicia sueco, Gunnar Strömmer, defendió el endurecimiento del marco penal argumentando el nivel de descontrol alcanzado por las organizaciones delictivas en las principales ciudades del país europeo.
"Consideramos que nos encontramos ante una situación muy aguda y muy grave, con violencia que amenaza la vida, lo que justifica la adopción de medidas de gran alcance como esta", enfatizó Strömmer.
El modelo de reclusión en la prisión de Rosersberg
La reestructuración del sistema penitenciario ya se encuentra en ejecución. Actualmente, el Estado sueco avanza con la remodelación de tres centros de reclusión destinados exclusivamente a los adolescentes más violentos, siendo la cárcel de Rosersberg uno de los complejos piloto.
De acuerdo con las pautas del proyecto, la rutina diaria dentro de los pabellones estará enfocada de manera prioritaria en la educación obligatoria de los internos.
En sus periodos de esparcimiento, los menores recluidos tendrán acceso a ver televisión, jugar videojuegos o realizar actividad física en un gimnasio acondicionado. No obstante, los protocolos de seguridad civil serán estrictos, ordenándose el cierre bajo llave de todas las celdas a partir de las 8 de la noche.
El director del establecimiento penitenciario de Rosersberg, Gabriel Wessman, precisó que el personal afrontará un desafío inédito en comparación con el tratamiento que se le brinda a la población penal adulta, debido a la necesidad de ofrecer apoyo emocional y consuelo a reos de tan corta edad.
“Nuestro principal objetivo es que estos menores no reincidan. No queremos que regresen al sistema penitenciario cuando sean adultos”, puntualizó el gobernador Wessman.
Redes criminales y el panorama de la imputabilidad en el mundo
La ofensiva del Gobierno responde a una ola de delincuencia organizada cuyas redes facturan un aproximado de 20 mil millones de dólares anuales mediante actividades de narcotráfico, fraudes a gran escala y robos patrimoniales.
Debido a que la legislación sueca eximía de sanciones penales tradicionales a los menores de 15 años, las mafias locales comenzaron a utilizar las redes sociales como plataformas de captación de mano de obra delictiva, reclutando a adolescentes e incluso a niños de apenas 11 años para la ejecución de homicidios y traslados de armamento.
Esta reforma sitúa a Suecia en una posición intermedia dentro del mapa global de la delincuencia infantil. Mientras países de la región como Alemania y España fijan el inicio de la responsabilidad legal en los 14 años, y naciones latinoamericanas como Argentina y Brasil manejan umbrales de 16 y 18 años respectivamente bajo esquemas socioeducativos, otras jurisdicciones aplican severidades absolutas.
En el Reino Unido, por ejemplo, los menores pueden ser procesados de forma penal a partir de los 10 años, un estándar de control que la administración sueca ha comenzado a replicar parcialmente para contener la violencia en sus calles.
El Gobierno de Suecia presentó una reforma legal para reducir la edad de responsabilidad penal de 15 a 13 años, impulsando la reconfiguración de centros carcelarios como la prisión de Rosersberg para albergar a los menores implicados en delitos graves. El ministro de Justicia, Gunnar Strömmer, argumentó que la gravedad de los atentados y el reclutamiento de niños por parte de pandillas —que generan economías ilegales de 20 mil millones de dólares al año— obligan al Estado a tomar medidas de control carcelario estricto. La medida abre un intenso debate global sobre la delincuencia juvenil, aproximando el estándar sueco al de países como el Reino Unido y distanciándolo del modelo protector que rige en gran parte de Europa y América Latina.