Acuña exige respuestas del Ejecutivo tras atentado en Trujillo

Luego del atentado con explosivos registrado en una vivienda de la urbanización Las Quintanas, en Trujillo, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, exigió al Ejecutivo tomar acciones inmediatas y concretas para enfrentar la crisis de inseguridad que vive la región.

La explosión forma parte de una serie de ataques registrados en 2025, que han dejado decenas de viviendas afectadas y varios heridos en distintos puntos de La Libertad. Acuña advirtió que esta situación requiere una respuesta articulada por parte del gobierno central, al que señaló como el responsable constitucional de la seguridad.

Gobernador exige reunión urgente con el Ejecutivo

En declaraciones públicas, César Acuña sostuvo que “la seguridad no es responsabilidad de nosotros, constitucionalmente”, y afirmó que corresponde al Ejecutivo definir las estrategias y políticas para revertir el clima de violencia en Trujillo.

Anunció que convocará a una reunión de trabajo con alcaldes distritales, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Economía y Finanzas y el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, a fin de exigir compromisos claros y acciones inmediatas.

 Acuña: “Este es el momento en que deben escuchar a los trujillanos ”

El gobernador señaló que esta coyuntura representa una “gran oportunidad” para que el gobierno central ofrezca respuestas concretas a los ciudadanos. “Este es el momento en el que tienen que escuchar a los trujillanos”, enfatizó.

También recalcó que sin inversión pública no es posible revertir la inseguridad, por lo que considera obligatoria la presencia del Ministerio de Economía en la reunión intergubernamental que planea convocar.

Tres atentados en 2025 elevan la alarma en La Libertad

Durante el 2025, La Libertad ha sido escenario de tres atentados con explosivos de gran magnitud, lo que ha incrementado la preocupación ciudadana y generado nuevos pedidos de intervención por parte del gobierno nacional.

Las autoridades regionales demandan mayor presencia policial, refuerzo del sistema judicial y asignación de recursos extraordinarios para enfrentar a bandas criminales que operan con alto grado de violencia en zonas urbanas.