GORE Piura pide cambios en la policía tras asesinato de alcalde
El gobernador de Piura, Luis Neya, afirmó que el alcalde distrital de Veintiséis de Octubre no reportó amenazas
El gobernador regional de Piura, Luis Neyra, afirmó en Canal N que el alcalde del distrito Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, asesinado por sicarios, nunca reportó ante su despacho o en las sesiones de coordinación haber sido objeto de amedrentamientos o extorsiones por parte de organizaciones criminales. Añadió que si existían alertas previas de peligro, estas se manejaron únicamente en el ámbito íntimo de su hogar.
Ante este escenario, Neyra instó a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio del Interior (Mininter) a acelerar las investigaciones para identificar y capturar a los ejecutores materiales del homicidio y a los autores intelectuales del atentado. El gobernador describió a la autoridad fallecida como uno de los líderes locales más estimados del departamento del norte y enfatizó a Canal N que el incremento de la violencia refleja la desprotección en la que se encuentran tanto los funcionarios como los ciudadanos.
Exigencia de cambios estructurales en la PNP y convocatoria al Coresec
La máxima autoridad piurana cuestionó los criterios de asignación y designación de los oficiales dentro de la jefatura policial de Piura, señalando presuntos actos de favoritismo en la colocación de mandos en las comisarías estratégicas. Neyra anunció que presentará un requerimiento formal ante el Comandante General de la PNP para ejecutar una remoción de los malos elementos de la institución, argumentando que existen efectivos que se coluden con bandas delictivas con la finalidad de lucrar ilícitamente.
Como medida de contingencia, el despacho regional convocará de urgencia al Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec). En esta sesión participarán representantes del Poder Judicial, el Ministerio Público y las alcaldías provinciales para reestructurar los planes de patrullaje integrado. Asimismo, el gobernador criticó la falta de una política pública nacional de seguridad ciudadana que resulte efectiva para frenar las muertes por encargo y los robos agravados en el norte del país.