Abogado penalista afirma que caso contra Julián Pérez Mallqui cuenta con sólido respaldo probatorio

El abogado penalista Carlos Caro afirmó que la investigación seguida contra el diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, por la presunta agresión física y psicológica contra su expareja reúne un conjunto de elementos probatorios que permitirían a la Fiscalía avanzar hacia una acusación formal.

Durante una entrevista con Canal N, el especialista indicó que el caso cuenta con diversas pruebas, entre ellas las 46 llamadas telefónicas que el parlamentario habría realizado a la denunciante, los mensajes intercambiados, la declaración de la presunta agraviada, los testimonios de los efectivos policiales y las pericias médicas y psicológicas que se encuentran en desarrollo.

Caro explicó que los hechos investigados podrían configurar el delito de lesiones graves en un contexto de violencia contra la mujer, por tratarse de una presunta agresión cometida contra una expareja. Precisó que este tipo de conductas contempla agravantes previstas en la legislación penal y que, de acreditarse la responsabilidad del legislador, la pena podría alcanzar hasta 15 años de prisión.

Asimismo, señaló que la Fiscalía tiene la posibilidad de solicitar un proceso inmediato, debido a que los hechos habrían ocurrido en flagrancia, o continuar con una investigación preparatoria que derive posteriormente en una acusación penal.

El abogado indicó que, paralelamente al proceso penal, un juzgado de familia deberá evaluar la adopción de medidas de protección para la denunciante, entre ellas una orden de alejamiento, la prohibición de contacto y otras restricciones destinadas a salvaguardar su integridad.

Condición del diputado no impide el desarrollo de las investigaciones

Respecto a la decisión del diputado Pérez Mallqui de guardar silencio durante las diligencias fiscales, Caro explicó que se trata de un derecho reconocido por la legislación procesal y que forma parte de una estrategia de defensa. No obstante, sostuvo que la responsabilidad penal no depende únicamente de la declaración del investigado, sino de la valoración integral de las pruebas reunidas.

El especialista también precisó que la condición de diputado no impide el desarrollo de la investigación. Explicó que, por su investidura, el caso corresponde a la Fiscalía Suprema y, de ser judicializado, será visto por la Corte Suprema, aunque ello no representa un beneficio respecto del fondo del proceso.

Finalmente, indicó que, además de las acciones en el ámbito judicial, la futura Comisión de Ética de la Cámara de Diputados podría evaluar la conducta del parlamentario e imponer las sanciones disciplinarias que correspondan conforme a sus competencias.