Accionista mayoritario de Rutas de Lima respondió a ultimátum del alcalde de Lima sobre entrega de peajes

Brookfield Asset Management, accionista mayoritario del Consorcio Rutas de Lima, rechazó las declaraciones del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien les dio un plazo límite hasta el 29 de julio para entregar el dinero recaudado de los peajes en la capital.

“Debemos alertar a las autoridades peruanas que, de concretarse un ataque y/o despojo de la concesión de Rutas de Lima o cualquier otro tipo de acto en desconocimiento de la medida cautelar, como lo anuncia el señor López Aliaga, consideraremos dicha actuación como una grave e irreparable violación a las garantías que los Tratados celebrados por el Estado peruano otorgan como protección a los inversionistas extranjeros en el Perú", indicó el fondo canadiense en un comunicado oficial.

“PEAJES DE LA CORRUPCIÓN”

Cabe recordar que, el último 25 de julio, Rafael López Aliaga "invocó a Rutas de Lima para que devuelvan a la ciudad de Lima los peajes de la corrupción" y advirtió que, de no hacerlo, iniciaría un "proceso totalmente legal".

"No se puede ofrecer estabilidad jurídica al mundo si tenemos empresas tipo Odebrecht u OAS”, indicó la autoridad edil en conferencia de prensa, días atrás.

RECUERDAN ARBITRAJE INTERNACIONAL

Ante estas palabras, el accionista mayoritario de Rutas de Lima, le recordó al alcalde de Lima que no se podría suspender la terminación del contrato de concesión hasta que el Tribunal Arbitral internacional designado por ambas partes se pronuncie en forma definitiva

"Es la única autoridad o instancia que puede resolver acerca de la validez de la caducidad decretada por la Municipalidad. Ninguna autoridad o instancia distinta a dicho Tribunal Arbitral internacional, puede decidir sobre lo que está en controversia entre Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima, ni puede desconocer la medida cautelar dictada por el mismo", explicaron en su pronunciamiento.

Finalmente, Brookfield instó a la Municipalidad Metropolitana de Lima a "reconducir sus acciones" y expresó en que confía en que el Estado peruano "honre sus obligaciones legales y contractuales y en consecuencia actúe en pro del respeto de los pactos y de la estabilidad jurídica".