Admiten a trámite amparo de Delia Espinoza contra inhabilitación

La Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima resolvió admitir a trámite una demanda de amparo presentada por Delia Espinoza contra el Congreso de la República. La acción cuestiona la legalidad de su inhabilitación por diez años del ejercicio de la función pública y la formación de una causa penal en su contra. El recurso incluye la solicitud de restitución en sus cargos como fiscal de la Nación y fiscal suprema titular.

La resolución judicial fue emitida el 6 de enero de 2026 mediante la Resolución N° 01, en el marco del expediente 02530-2025-0-1801-SP-DC-03. Los magistrados de la sala, identificados como Paredes Flores, Aguilar Gaitán y Ruiz Arrieta, determinaron que el proceso cumplía con los requisitos procesales establecidos en el Nuevo Código Procesal Constitucional y el Código Procesal Civil.

Inicio del proceso de amparo por decisión judicial

La decisión de la sala implica la apertura formal de un proceso que cuestiona directamente la actuación del Congreso. La demanda argumenta que el procedimiento parlamentario seguido en la Denuncia Constitucional N.° 528 vulneró el derecho al debido proceso. El tribunal dispuso notificar al Procurador del Congreso para que responda en un plazo de diez días.

También se ha fijado una Audiencia Única para el 9 de marzo de 2026 a las 08:30 de la mañana, la cual se desarrollará de forma virtual. La modalidad remota fue justificada por la sala debido a limitaciones de aforo en su sede y la necesidad de asegurar condiciones sanitarias.

Pretensiones planteadas por Delia Espinoza

El recurso legal presentado por Delia Espinoza contiene tres pretensiones principales. Primero, solicita la nulidad de la Resolución Legislativa Nº 008-2025-2026-CR, que impuso la inhabilitación por diez años.

Segundo, busca dejar sin efecto la Resolución Legislativa Nº 007-2025-2026-CR, que autorizó una causa penal en su contra. Tercero, demanda la nulidad de todo el procedimiento parlamentario relacionado con la denuncia constitucional mencionada.

Entre las pretensiones accesorias, la demandante solicita su reposición inmediata como fiscal de la Nación y fiscal suprema, así como el pago de beneficios económicos no percibidos. Además, pide que el tribunal exhorte al Congreso a respetar el debido proceso en futuros procedimientos de juicio político.

Resoluciones legislativas cuestionadas

La inhabilitación contra Delia Espinoza fue aprobada por el Congreso el 3 de diciembre de 2025. El Pleno respaldó la Resolución Legislativa N.° 13439/2025-CR con 71 votos a favor, 19 en contra y 3 abstenciones.

Según el informe legislativo, la sanción fue consecuencia de una infracción a la Ley N° 32130, que refuerza la participación operativa de la Policía Nacional en investigaciones preliminares.

Durante el debate parlamentario, también se autorizó la formación de causa penal contra la magistrada, imputándole presuntos delitos como abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de funciones.

Fundamentos del Congreso para la sanción

El procedimiento parlamentario se inició en octubre de 2024, a raíz de una denuncia presentada por los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín.

El informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales incluyó cargos por infracciones constitucionales a varios artículos de la Carta Magna y por presuntos delitos tipificados en el Código Penal.

Según el Congreso, durante la investigación se garantizaron todas las etapas del debido procedimiento. La denunciada habría vulnerado la ley al emitir una resolución fiscal que afectaba la distribución de competencias entre la Fiscalía y la Policía Nacional.

El Poder Judicial admitió a trámite una demanda de amparo interpuesta por Delia Espinoza contra el Congreso de la República, en la que solicita anular su inhabilitación por diez años y revertir la causa penal en su contra. La acción plantea también su reposición como fiscal de la Nación y fiscal suprema titular, además del pago de beneficios no percibidos. La audiencia única fue fijada para el 9 de marzo de 2026. Las resoluciones legislativas que motivaron la demanda fueron aprobadas el 3 de diciembre de 2025, tras un proceso iniciado en 2024 por denuncias formuladas por varios congresistas.