Alcaldes piden marco legal y formación para uso de electrochoques
El alcalde de San Luis y del Rímac subrayaron la importancia de abordar la delincuencia de manera integral, con reformas en el sistema penitenciario, el fortalecimiento del Poder Judicial y un liderazgo claro de las autoridades locales y nacionales
El alcalde de San Luis, Ricardo Pérez, y del Rímac, Néstor de la Rosa, se pronunciaron sobre el proyecto de ley para que serenos utilicen armas de electrochoque.
En diálogo con Canal N, ambas autoridades ediles presentaron diversas posturas sobre la necesidad de implementar herramientas contra la criminalidad.
Para el alcalde de San Luis, uno de los principales temores sobre el uso de armas de electrochoque es que, en situaciones imprevistas, el dispositivo podría causar daño incluso a personas que no representen una amenaza real, como personas bajo los efectos del alcohol o con problemas de salud mental.
Asimismo, cuestiona quién sería responsable en caso de un uso inapropiado del dispositivo, especialmente si un sereno se ve enfrentado a una situación complicada y no tiene los conocimientos o el respaldo legal necesario.
Por otro lado, el alcalde del Rímac, señalan que el uso de elementos como chalecos antibalas, grilletes de seguridad y aerosoles de pimienta ya ha demostrado ser útil en sus distritos para reducir la inseguridad.
Sin embargo, reconocen que la efectividad de estas medidas depende del apoyo del gobierno central, tanto en términos financieros como logísticos.
Se necesita una coordinación más efectiva entre el gobierno local, el ejecutivo y el legislativo para desarrollar un plan integral de seguridad que no dependa solo de los dispositivos.
En este sentido, se mostraron a favor que se implemente la inclusión de los jóvenes de 16 y 17 años en las sanciones por delitos como la extorsión.
Por último, ambos alcaldes coinciden en que la seguridad no solo depende de equipos o armas, sino de un enfoque más amplio que incluya reformas en el sistema penitenciario.
Además, un fortalecimiento del Poder Judicial y un liderazgo claro por parte de las autoridades locales y nacionales para abordar de manera efectiva la delincuencia.