Alejandro Rospigliosi: Exclusión de Carlos Loyola del concurso para la ONPE no tenía sustento legal

El abogado constitucionalista sostuvo que los procesos civiles del postulante no constituyen un impedimento previsto en la Ley Orgánica de la ONPE y afirmó que la Junta Nacional de Justicia debe resolver el nombramiento en los próximos días
El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi consideró que la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de reincorporar a Carlos Martín Eulalio Loyola Escajadillo al concurso público para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se encuentra respaldada por la normativa vigente.
En entrevista con Canal N, explicó que la exclusión inicial del postulante se sustentó en la existencia de dos procesos civiles por deudas que no fueron consignados en la primera etapa del concurso. Sin embargo, precisó que el propio reglamento contemplaba una fase posterior de actualización de información, oportunidad en la que Loyola sí declaró dichos procesos.
"Tan cierto es que había dos etapas, que el mismo candidato, en la fase de actualización de datos, informó sobre esos procesos civiles. La Junta se enteró porque él mismo los declaró", señaló.
Rospigliosi indicó que no puede considerarse una falta el no haber consignado inicialmente esa información, debido a que el procedimiento establecía expresamente un periodo para actualizar los datos presentados.
Ley no contempla ese impedimento
El constitucionalista sostuvo que la Ley Orgánica de la ONPE establece requisitos específicos para acceder al cargo, entre ellos contar con título profesional, estudios de maestría y conocimientos en materia electoral e informática.
No obstante, afirmó que la existencia de procesos civiles en trámite no figura entre las causales de impedimento previstas por la norma. "La ley orgánica de la ONPE no establece como requisito no tener procesos civiles por deudas. Ese requisito simplemente no existe", afirmó.
En ese sentido, consideró que la exclusión del postulante carecía de base legal y que la decisión de la JNJ de admitir el recurso de reconsideración permitió restablecer el desarrollo normal del concurso.
Nombramiento aún no está definido
Pese a que Loyola es actualmente el único postulante que permanece en carrera, Rospigliosi aclaró que ello no implica automáticamente que será designado como jefe de la ONPE.
"No necesariamente será elegido. La Junta Nacional de Justicia aún debe evaluar si el candidato reúne las credenciales académicas y profesionales que exige el cargo", explicó. Precisó que, si el pleno de la JNJ considera satisfactorio el perfil del postulante, procederá a efectuar el nombramiento. De lo contrario, el concurso será declarado desierto.
Urgencia por próximas elecciones
El especialista advirtió que la decisión deberá adoptarse en los próximos días debido a la cercanía de las elecciones regionales y municipales previstas para octubre. Recordó que el nuevo jefe de la ONPE deberá asumir la conducción del organismo electoral en una de las jornadas electorales más complejas del país.
"Necesitamos una nueva autoridad que pueda renovar los equipos técnicos y preparar adecuadamente el proceso electoral", sostuvo. Asimismo, recordó que la Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades durante el despliegue y repliegue del material electoral en las últimas elecciones generales.
"Es inadmisible que algunos funcionarios cuestionados continúen desempeñando funciones cuando existen observaciones de la Contraloría", manifestó.
Descartó nuevo concurso
Consultado sobre la posibilidad de que la JNJ convoque a nuevos postulantes para competir con Loyola, Rospigliosi indicó que ello solo ocurriría si el concurso fuese declarado desierto. Sin embargo, advirtió que iniciar un nuevo proceso de selección demoraría varios meses y podría concretarse incluso después de las elecciones municipales y regionales.
"Sería insólito nombrar a un jefe de la ONPE cuando ya no existan procesos electorales durante varios años", afirmó.
Finalmente, reiteró que, desde el punto de vista jurídico, los procesos civiles que afronta Loyola no constituyen una causal válida para impedir su designación. "La ley no establece ese requisito. Por eso considero que el postulante tiene pleno derecho a continuar participando en el concurso", concluyó.









