Álvarez dice que indulto a Toledo y Castillo no se evalúa

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, afirmó que el Ejecutivo no contempla conceder un indulto a Pedro Castillo ni a Alejandro Toledo, debido a que, según indicó, no se pueden instrumentalizar las gracias presidenciales en procura de la impunidad.

Durante una entrevista en el programa N Portada de Canal N, el titular del sector remarcó que dicha medida no está en la agenda del gobierno ni ha sido evaluada en conversaciones oficiales.

Respecto a la situación legal de Alejandro Toledo, el funcionario dejó en claro que un eventual cambio del régimen de prisión a arresto domiciliario por edad o salud corresponde evaluarlo al Poder Judicial y no al Poder Ejecutivo.

Precisó que la normativa exige una evaluación médica fundamentada y que la labor del Gobierno en esos casos se limita exclusivamente a la coordinación institucional sin vulnerar la separación de poderes.

Decisiones diplomáticas y coordinación en el sistema de justicia

En el plano político y diplomático, Álvarez justificó la entrega del salvoconducto a Betssy Chávez para no sacrificar las relaciones comerciales con México, argumentando que no correspondía perjudicar la integración en la Alianza del Pacífico por una persona que integró, según sus palabras, el gabinete de un golpista.

Desestimó además iniciar un trámite de extradición desde el Perú por considerar que tendría un 99% de probabilidades de fracasar ante la politización judicial mexicana.

Evaluación de la figura del indulto y medidas en el sistema penitenciario

En otro momento, el titular de Justicia calificó como un "relato falso de más de 30 años" la idea teórica de la resocialización, señalando que el sistema penal peruano se ha enfocado históricamente en el delincuente y no en la víctima.

Frente a la sobrepoblación en los establecimientos del país, planteó una reestructuración operativa que permita diferenciar de manera efectiva el tratamiento de los reos condenados.

Entre las propuestas planteadas, el sector proyecta construir penales económicos y prefabricados para delitos no violentos, dejando los recintos de alta seguridad como el penal de Lurigancho para reclusos de alta peligrosidad.

Asimismo, Álvarez se mostró a favor de conceder la construcción y gestión privada de penales, criticando que en administraciones pasadas se rechazaran ofertas del extranjero por motivos puramente ideológicos.

Reorganización del INPE con apoyo de las Fuerzas Armadas

Para reforzar el control en los establecimientos penitenciarios, el ministro propuso convocar a reservistas y oficiales en retiro de las Fuerzas Armadas para integrar el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Explicó que esta medida busca establecer disciplina castrense y orden en las instalaciones como requisito previo a cualquier proceso de rehabilitación social.

En esa misma línea, planteó implementar cárceles productivas en la ceja de selva al estilo del antiguo SEPA, con la finalidad de que los reos por delitos violentos trabajen la tierra o críen ganado junto a sus familias.

No obstante, estimó que los resultados visibles en las cárceles tomarán aproximadamente dos años, debido a las trabas que representa la burocracia normativa interna de los ministerios.

Finalmente, reveló que la Presidencia le encomendó negociar un protocolo único de investigación preliminar entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la PNP.

Durante la entrevista, el ministro también lanzó críticas hacia los fiscales de derechos humanos, señalando que abren investigaciones sistemáticas a policías operativos que hacen uso legítimo de sus armas frente a la delincuencia.