Ampuero advierte presuntas irregularidades fiscales y omisiones en caso Zhihua Yang

La exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero se refirió en Canal N a un reportaje difundido por Cuarto Poder que vincula al empresario Zhihua Yang con presuntas actividades de minería ilegal en Hualgayoc, Cajamarca.

Según lo expuesto en el informe periodístico, el empresario habría extraído mineral de una concesión que no era de su propiedad y sin contar con autorización del titular ni permisos correspondientes.

Durante la entrevista, Ampuero señaló que, de acuerdo con el reportaje, Zhihua Yang habría sido investigado por un delito menor, lo que permitió la aplicación del principio de oportunidad. 

Indicó que este mecanismo se aplica a delitos con penas no mayores a cuatro años de prisión y que su uso habría derivado en el archivo del caso.

Ampuero sostuvo que, según la información difundida, existirían indicios de delitos adicionales, como delitos contra el medio ambiente, uso de explosivos y presunto hurto agravado sistemático durante un periodo aproximado de tres meses. Indicó que, pese a ello, no se ha conocido la apertura de nuevas investigaciones contra el empresario.

La exprocuradora señaló que, a diferencia del presidente de la República, el empresario no cuenta con beneficios constitucionales que limiten diligencias como el levantamiento del secreto de las comunicaciones o la revisión de información bancaria y tributaria. En ese sentido, afirmó que no se ha observado una actuación fiscal visible tras la difusión del reportaje.

Rol de la Procuraduría General del Estado bajo observación

Ampuero también cuestionó la falta de pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado. Indicó que esta entidad es la encargada de defender los intereses del Estado y de impulsar investigaciones cuando existen indicios de delitos y presunta inacción del Ministerio Público.

Durante la entrevista, afirmó que la Procuradora General del Estado, María Caruajulca, no cumpliría con los requisitos para continuar en el cargo debido a una sentencia con reserva del fallo condenatorio y reglas de conducta vigentes, según su versión. Señaló que el Consejo Directivo de la Procuraduría tendría la facultad de evaluar su continuidad.

Competencias de procuradurías especializadas y diligencias pendientes

Ampuero explicó que, en casos que involucran a personas que no son altos funcionarios del Estado, la competencia recae en la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y en la Procuraduría especializada en delitos contra el medio ambiente.

Indicó que ambas podrían actuar de oficio a partir de la información difundida por el periodismo de investigación. Finalmente, sostuvo que el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, es el competente para investigar hechos que involucren al presidente de la República y a otros funcionarios por presuntos delitos como enriquecimiento ilícito.

Añadió que diligencias como la exhibición de documentos podrían realizarse sin orden judicial para asegurar evidencia y verificar contratos con el Estado mencionados en el reportaje.