Amuruz solicita al Ministerio de Justicia informe sobre llamadas de extorsión desde penales

La congresista Rosselli Amuruz envió un oficio al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) solicitando un informe detallado sobre el contrato vigente con el consorcio PRISONTEC, responsable de proveer servicios de comunicación en establecimientos penitenciarios.

El pedido surge tras el reportaje de Cuarto Poder que revelaron el uso de estos sistemas para realizar llamadas extorsivas desde penales como Sarita Colonia, en el Callao.

El documento, dirigido al ministro Walter Martínez Laura, requiere conocer las medidas adoptadas por el Estado ante estos hechos y si existen mecanismos contractuales para sancionar o sustituir al proveedor en caso de incumplimiento.

Amuruz cuestiona eficacia del bloqueo de llamadas

La congresista alertó que, a pesar de que el contrato con PRISONTEC contempla el bloqueo de comunicaciones no autorizadas, las denuncias periodísticas y declaraciones del jefe del INPE indican que este sistema no está funcionando de manera efectiva. Según el oficio, se trataría de un contrato de 25 años, aún vigente.

Amuruz subrayó que estas fallas no solo comprometen la seguridad ciudadana, sino que permiten la comisión de delitos desde el interior de las cárceles. Solicitó al MINJUSDH informar si se han adoptado acciones para garantizar el cumplimiento técnico del servicio.

OSIPTEL no habría intervenido en la regulación del contrato

Durante una reunión en semana de representación, Amuruz fue informada por funcionarios de OSIPTEL que el ente regulador no participó en la supervisión ni regulación del contrato con PRISONTEC.

Esta revelación generó sorpresa en la parlamentaria, quien cuestionó la ausencia del organismo a pesar de tener competencia legal sobre las telecomunicaciones en el país.

El oficio resalta que esta omisión podría explicar en parte la falta de control efectivo sobre el uso de los denominados “teléfonos azulitos”, los cuales, según denuncias, han sido usados para coordinar extorsiones y otras actividades ilícitas.

Se plantea verificar incumplimientos y posibles responsabilidades

Amuruz pidió que se determinen las cláusulas contractuales que permitirían sancionar a la empresa o revisar el acuerdo si se constata incumplimiento. También planteó que se verifique si existen responsabilidades de funcionarios del sistema penitenciario que habrían facilitado el uso irregular de estas líneas.

Finalmente, instó al Ministerio de Justicia a evaluar con urgencia si el sistema actual de comunicaciones en penales cumple con los estándares mínimos de seguridad. Subrayó que se debe garantizar que los dispositivos se usen solo con fines autorizados y no para organizar delitos desde prisión.