Prisión preventiva para exfuncionarios del Gobierno Regional de Áncash
Juan Gallo Zegarra y Pamela Bermúdez Rodríguez, exgerentes de la Subregión Pacífico y personal de confianza de Álvarez, tienen orden de detención
La Corte Superior de Justicia del Santa dictó nueve meses de prisión preventiva para nueve personas, entre exfuncionarios del Gobierno Regional de Áncash y empresarios, por el delito de colusión y negociación incompatible. La medida fue dispuesta por el titular del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, Jorge Luis Chávez Tamariz.
La decisión fue dictada como parte de la investigación que afrontan estas personas por presuntos hechos de corrupción en la ejecución del coliseo cerrado Gran Chavín, que contó con una inversión superior a los 33 millones de soles, pero nunca terminó de ejecutarse, una de las obras emblemáticas en la gestión del exgobernador regional de Áncash César Álvarez Aguilar.
Chávez encontró suficientes elementos de convicción para dictar la medida de prisión preventiva para los exgerentes de la Subregión Pacífico y personal de confianza de Álvarez, Juan Gallo Zegarra y Pamela Bermúdez Rodríguez.
La Centralita
Bermúdez Rodríguez ya contaba con otra orden de captura por el caso ‘La Centralita’. También se ordenó la ubicación y captura de William Bejarano Rivera, Cecilia Alfaro García, Enrique Godoy Palacios, Ana Jacay Peña, Giovanni Montoya Siles, Milton Meléndez Luján.
Asimismo, el juez ordenó la captura de Javier Pérez Claramunt, empresario español vinculado al consorcio Salem, al que se le adjudicó la millonaria obra. Todos se encuentran en calidad de prófugos de la justicia y la Policía Nacional ha iniciado su búsqueda. En tanto, para los investigados Segundo Francisco Moncada y Luis Ancajima Timaná, el juzgado rechazó el pedido de prisión preventiva.
A juicio oral
En esta misma audiencia, el juez Chávez Tamariz dispuso el pase a juicio oral de este emblemático caso de corrupción contra 18 personas.
El fiscal anticorrupción Carlos Roncal Cancino señala en su acusación que desde el proceso de convocatoria a licitación se cometieron actos irregulares, incluso, dijo, se admitieron cartas fianza de la cuestionada cooperativa Coopex ligada a Rodolfo Orellana Rengifo. La Fiscalía solicita penas de 5 y 8 años de cárcel para los investigados.
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