Anulan prisión a Ciro Castillo Rojo y dictan restricciones
La Sala Penal de Apelaciones ratificó prisión preventiva para otros implicados del entorno del exgobernador.
El Poder Judicial anuló la prisión preventiva a Ciro Castillo Rojo, gobernador regional suspendido del Callao, quien es investigado por presunta colusión agravada en el caso de la organización criminal “Los Socios del GORE Callao”. La medida fue sustituida por comparecencia con restricciones, impedimento de salida del país por 24 meses y una caución económica de S/ 20 mil.
La decisión está contenida en la Resolución N.° 20, emitida el 30 de enero de 2026 por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia del Callao. La resolución responde a los recursos interpuestos por varios imputados en relación con las medidas coercitivas dictadas en primera instancia.
Revisión judicial a prisión preventiva de exgobernador
La Sala revocó la prisión preventiva tras considerar que no existía un riesgo procesal grave atribuible directamente a Ciro Castillo Rojo. Uno de los argumentos aceptados fue que la designación de asesores en contratos FAG no recae en la responsabilidad técnica del gobernador, conforme a la normativa de SERVIR.
También se cuestionó la objetividad de un testigo clave, Marco Antonio Carrera Bedoya, promotor de la revocatoria contra Castillo, cuya declaración fue considerada de "incredibilidad subjetiva" por el tribunal. Otro factor descartado fue el hallazgo de un forado en la oficina del gobernador, que se determinó no constituía una vía de escape.
Ratifican prisión para núcleo operativo de la red
En contraste con la decisión tomada sobre el exgobernador, la Sala confirmó la prisión preventiva por 24 meses para Jimmy Alexander Whu Cárdenas, asesor FAG, y Hiromi Zúñiga Jáuregui, jefa de Logística. Ambos fueron señalados como operadores clave en el direccionamiento de contrataciones públicas del Gobierno Regional del Callao.
En el caso de Whu, se valoró su falta de arraigos y un registro de 119 movimientos migratorios. Zúñiga, por su parte, fue localizada en un hotel tras un allanamiento fallido en su domicilio, lo que elevó el riesgo de fuga. Además, se hallaron pruebas documentales directas sobre la manipulación de órdenes de compra.
Estructura de la red criminal “Socios del GORE Callao”
La fiscalía identificó una organización jerárquica con funciones específicas. Según la investigación, Ciro Castillo Rojo habría liderado la red desde la presidencia del Gobierno Regional, delegando funciones operativas a asesores y personal técnico de logística.
Jimmy Whu actuaba como articulador entre la dirección política y las áreas administrativas, mientras que Hiromi Zúñiga se encargaba de ejecutar los cuadros comparativos fraudulentos. El objetivo de la red era direccionar contrataciones menores a 8 UIT hacia proveedores previamente seleccionados, sin convocatorias públicas.
Mecanismos de defraudación y evidencias técnicas
El modus operandi se basó en evitar controles legales al aprovechar el régimen simplificado de contrataciones. Se detectaron vínculos familiares entre los proveedores beneficiados y los operadores de la red, así como simulaciones de requerimientos falsos.
Las pruebas técnicas incluyeron el hallazgo de documentos generados con versiones del sistema SIGA-MEF que no existían en el año imputado. También se confirmaron firmas falsificadas en órdenes de compra, lo que sustentó la hipótesis de obstaculización de la justicia por parte de algunos imputados.
Implicados con medidas alternativas y restricciones
Otros investigados recibieron decisiones distintas. Luis Antonio Blanco Cabrera recibió detención domiciliaria por 24 meses, mientras que varios especialistas en adquisiciones, como Víctor Zambrano y Jaime Liza, deberán cumplir comparecencia restringida con caución.
La Sala también consideró el estado de salud del imputado César Arango Huaringa, pero mantuvo su prisión preventiva por el riesgo de que pudiera destruir evidencia desde su posición en el área de almacén del GORE Callao.
Impacto económico del direccionamiento de fondos
El perjuicio económico estimado por el tribunal asciende a S/ 1,461,121.10. Las contrataciones favorecieron a empresas como JW Graphic S.A.C. y JISAM S.A.C., las cuales mantenían nexos con los principales articuladores de la red, según informes policiales y fiscales.
El esquema permitía aparentar competencia entre proveedores mediante el uso de bases de datos manipuladas y el otorgamiento de conformidades sin verificación documental.
Evaluación del tribunal sobre la diferencia de responsabilidades
La Sala Penal de Apelaciones concluyó que existe un alto grado de probabilidad sobre la existencia de una organización criminal, pero distinguió entre el nivel de responsabilidad de la dirección política y la ejecución operativa.
Por este motivo, resolvió variar la situación jurídica del exgobernador, sin dejar de reconocer la gravedad del caso ni las implicancias económicas del presunto direccionamiento de recursos públicos durante el año 2023 en el Gobierno Regional del Callao.
El Poder Judicial revocó la prisión preventiva a Ciro Castillo Rojo y le impuso comparecencia con restricciones, impedimento de salida del país y caución de S/ 20 mil. La medida se dictó tras analizar la falta de elementos que vinculen directamente al exgobernador con la manipulación técnica de contrataciones. En paralelo, se confirmó prisión preventiva para otros miembros de la red “Socios del GORE Callao”. El caso implica un perjuicio económico al Estado superior a S/ 1.4 millones. La Sala Penal destacó que el riesgo procesal se mantiene solo para los operadores logísticos y administrativos vinculados a pruebas directas.
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