Belaúnde: un sentenciado por peculado no puede ser presidente

El candidato de Libertad Popular propuso usar inteligencia operativa contra la extorsión y criticó el sistema electoral actual.
El candidato presidencial Rafael Belaúnde afirmó que una persona sentenciada por peculado no puede ser presidente del Perú, en referencia a la situación de Mario Vizcarra, cuya candidatura fue declarada improcedente por el Jurado Electoral Especial. En entrevista con Canal N, sostuvo que esta restricción está prevista en la ley vigente y que debe cumplirse mientras no se modifique.
Durante su participación en el programa Cuentas Claras, el postulante de Libertad Popular señaló que la norma busca evitar que personas condenadas por apropiación de recursos públicos puedan acceder a cargos públicos como la presidencia. Según dijo, el sistema democrático debe resguardar ciertos principios básicos.

Críticas al sistema electoral vigente
Belaúnde cuestionó además el funcionamiento del actual sistema electoral, calificándolo de “invasivo”. Señaló que el marco normativo se ha tornado excesivamente reglamentarista y restrictivo para la participación política. Consideró que el modelo vigente limita los derechos ciudadanos a elegir y ser elegidos y afirmó que el diseño electoral de décadas pasadas era más razonable.
Pronunciamiento sobre Acción Popular y su apellido
Consultado sobre su vínculo con Acción Popular, Rafael Belaúnde aclaró que nunca fue militante del partido fundado por su abuelo, el expresidente Fernando Belaúnde. Indicó que los partidos no deben ser tratados como patrimonios familiares y que, aunque siente orgullo por su apellido, ha trazado un camino político propio con ideas más liberales.
Propuesta de seguridad basada en inteligencia operativa
Respecto a la lucha contra la criminalidad, Rafael Belaúnde propuso aplicar una estrategia basada en inteligencia operativa, como ocurrió en el pasado con el terrorismo. Afirmó que en 100 días se pueden mostrar resultados concretos si se emplea tecnología actualizada, agentes encubiertos, interceptaciones legales y trabajo conjunto entre policía, fiscales y jueces en un mismo espacio.

Llamado a liderazgo presidencial en temas de seguridad
Según Belaúnde, el presidente de la República debe asumir un rol activo como jefe supremo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Planteó que el mandatario encabece directamente un centro de operaciones que articule a todas las instituciones clave para enfrentar el crimen organizado, con líneas seguras para denuncias y sin filtraciones.
Balance sobre atentado y problemas de seguridad en el país
El candidato relató detalles del atentado que sufrió recientemente en Cañete. Indicó que las investigaciones policiales han concluido, y que se manejan hipótesis vinculadas al tráfico de terrenos y extorsión, sin descartar una posible motivación política. Informó que nunca recibió amenazas directas y que otros negocios suyos han enfrentado incidentes similares.
Críticas al Congreso y debilidad normativa frente a la extorsión
Rafael Belaúnde criticó al Congreso por haber debilitado herramientas legales claves para combatir la criminalidad. Señaló que se han eliminado figuras como la organización criminal para ciertos delitos, y que la extorsión ha sido excluida del marco de crimen organizado. Acusó al Parlamento de ser cómplice al no proveer el marco legal necesario para empoderar a la policía.

Propuesta sobre Petroperú y gasto estatal
En materia económica, el candidato sostuvo que el Estado no debe continuar financiando Petroperú. Indicó que es inmoral destinar recursos públicos a una empresa que genera pérdidas cuando hay carencias graves en salud, educación e infraestructura básica. Planteó la concesión de la refinería de Talara y la posible venta de activos no rentables, sin comprometer más presupuesto estatal.
El candidato presidencial Rafael Belaúnde afirmó que Mario Vizcarra no puede postular por tener sentencia firme por peculado, en cumplimiento de la ley vigente. También criticó el sistema electoral por ser excesivamente burocrático. En seguridad, propuso un modelo de inteligencia operativa como el aplicado contra el terrorismo, con trabajo conjunto entre policías, jueces y fiscales. Sobre Petroperú, afirmó que no debe recibir más recursos del Estado y planteó su posible concesión. Además, cuestionó al Congreso por debilitar el marco legal contra la extorsión. Finalmente, recordó el atentado que sufrió en Cañete, cuyas investigaciones aún no tienen un autor identificado.





