Capeco: Petroperú continúa con una sangría financiera

Jorge Zapata, presidente de Capeco, abordó los recientes nombramientos y la situación financiera de Petroperú.  

En diálogo con Canal N, menciona que la empresa estatal tiene una deuda de más de 4,000 millones de dólares, además de los 20,000 millones de soles ya invertidos por el Estado peruano.

Según el Instituto Peruano de Economía, esta cifra totaliza alrededor de 35,000 millones de soles, un monto que podría haberse destinado a mejorar sectores clave como vivienda, salud y educación, con un enfoque particular en la construcción de viviendas, que podría haber beneficiado a cerca de un millón de familias.

En esa línea, Zapata mostró preocupación por la falta de una reestructuración efectiva de Petroperú debido a que el gobierno sigue adelante con nombramientos en la cúpula de la empresa que, según los expertos y gremios empresariales, no apuntan a un cambio estructural real.  

Se critica que no se ha implementado un plan de reestructuración adecuado ni se ha buscado la participación del sector privado, lo que podría ayudar a resolver la crisis de la empresa. Además, se destaca que, en los últimos tres años, Petroperú ha reportado pérdidas millonarias consecutivas.

El presidente de Capeco insiste en que la situación de Petroperú es insostenible y que, en caso de no realizar cambios drásticos, se continuará con la "sangría" financiera sin solución. 

Entre las opciones propuestas está la privatización de la empresa o su liquidación, aunque también se considera viable una reestructuración con la participación de una gestión privada de primer nivel. 

Paro nacional de un sector de transportistas 

Por otro lado, en relación con las protestas y paralizaciones que se están llevando a cabo en Perú, se destaca que muchos gremios han optado por mantener la calma en estos días, dados los eventos internacionales que están poniendo al país bajo la mirada mundial.  

Sin embargo, las demandas sociales, como la lucha contra la inseguridad, siguen siendo una prioridad, y se sigue presionando por un consenso entre los tres poderes del Estado para crear políticas efectivas que combatan la delincuencia.