Carlos Caro: Fallo contra Martín Vizcarra sería sentencia condenatoria

Carlos Caro reconoció que la narrativa política del exmandatario ha sido constante, pero sostuvo que los elementos alegados por Vizcarra no configuran una persecución judicial.
El expresidente Martín Vizcarra enfrenta la etapa final de su proceso penal por presuntos actos de corrupción durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.
La Fiscalía ha solicitado una condena de 15 años de prisión por supuestos sobornos vinculados a los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.
Según el abogado penalista Carlos Caro, las pruebas en contra del exmandatario se mantienen firmes y no han sido debilitadas a lo largo del juicio. La sentencia se conocería en los próximos días.
En diálogo con canal N, detalló que las pruebas de cargo incluyen testimonios de colaboradores eficaces, registros bancarios, trazabilidad de los retiros de dinero, geolocalización, y visitas documentadas del entonces gobernador a las sedes de las empresas.
Como se sabe, el Ministerio Público acusa a Vizcarra de haber recibido un total de S/ 2.3 millones en coimas de parte de las empresas ICSA y Obrainsa. Estas habrían sido entregadas a cambio de favorecerlas en la adjudicación de obras públicas cuando era gobernador regional.
El penalista subrayó que no se han presentado pruebas de descargo sólidas por parte de la defensa, que ha mantenido una estrategia centrada en la negación y en denuncias de persecución política. También existen testimonios de testigos presenciales que trabajaban en dichas compañías.
Estrategia de defensa política y cuestionamientos al proceso
Desde el inicio del proceso, Vizcarra ha sostenido que es víctima de una persecución política por parte del Ministerio Público. A través de sus redes sociales, ha denunciado filtraciones de información y ha cuestionado la imparcialidad de los fiscales a cargo del caso.
Carlos Caro reconoció que la narrativa política del exmandatario ha sido constante, pero sostuvo que los elementos alegados por Vizcarra no configuran una persecución judicial.
En su opinión, la actuación del INPE en relación con un posible traslado penitenciario sí alimentó su discurso, pero no compromete la legalidad del proceso.
Vizcarra ha asistido a todas las audiencias y ha utilizado esos espacios para reiterar sus acusaciones contra el sistema de justicia.
Posible condena y margen de decisión del tribunal
La Fiscalía ha solicitado una pena de 15 años, dividida en nueve años por uno de los proyectos y seis por el otro. Caro explicó que el tribunal puede dictar una pena menor, generalmente entre 10 y 15 años, aunque excepcionalmente podría superar la solicitud fiscal si se justifica legalmente.
El abogado señaló que, en caso de condena, el tribunal podría aplicar una suspensión de la ejecución de la pena mientras esta no sea confirmada en segunda instancia. Esto permitiría a Vizcarra continuar en libertad provisional, como ha ocurrido con otros políticos en situaciones similares.








