Caro: Deben esclarecerse corrupción o negligencia en Trujillo
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El abogado penalista, Carlos Caro, sugirió que la vía más rápida para obtener una indemnización es la negociación colectiva con el centro comercial afectado debido a que la vía penal tomará más tiempo
El abogado penalista Carlos Caro expone varios puntos clave sobre la tragedia ocurrida en Trujillo y las posibles responsabilidades legales.
En diálogo con Canal N, señaló la complejidad del caso y la necesidad de investigar a fondo los factores técnicos, administrativos y constructivos.
Caro explicó que el origen del accidente puede deberse a dos causas principales: Error en la construcción debido a la estructura podría haber estado mal diseñada desde el principio y el uso inadecuado de materiales durante la ejecución que podría haber sido defectuosa.
Aunque el abogado penalista no descartó la posibilidad de corrupción, consideró que también podría tratarse de negligencia.
Los errores en la construcción podrían haberse debido a intentos de ahorro en materiales o a cambios no autorizados en los planos, lo que llevaría a un desvío de fondos y a las trágicas consecuencias del desplome.
Esto llevaría a investigar a autoridades municipales, quienes otorgaron las licencias de funcionamiento y obra, así como a supervisores y constructores.
Necesidad de una Fiscalía dedicada
Caro sugirió que, dada la magnitud del caso y las víctimas involucradas, sería crucial que se estableciera una fiscalía dedicada exclusivamente al caso.
La pericia técnica será fundamental para esclarecer la causa del colapso, y la fiscalía deberá recabar toda la documentación técnica para realizar una pericia detallada, lo cual podría durar entre 60 y 90 días, en lugar de los años que suele tomar una investigación de esta índole.
En cuanto a las responsabilidades políticas, Caro precisó que, aunque el presidente del Consejo de Ministros apuntó al alcalde de Trujillo como responsable político, este no tendría responsabilidad penal directa.
Funcionarios municipales, como los encargados de la fiscalización y la emisión de licencias de obra, son los que deberían explicar cómo se gestionaron esas autorizaciones.
Respecto a la responsabilidad de las autoridades, señaló que, a partir de 2018, las normativas se flexibilizaron, lo que permitió modificaciones y cambios en la ejecución de obras sin rigurosidad en la fiscalización.
Vía civil y penal para las víctimas
Respecto a las víctimas, Caro sugirió que la vía más rápida para obtener una indemnización es la negociación colectiva con el centro comercial afectado, dado que estos suelen tener seguros y reaseguro para estos casos.
Sin embargo, destacó que la justicia no se puede pagar con dinero, ya que las pérdidas humanas son irreparables.
Por otro lado, la vía penal tomará más tiempo. La investigación preliminar podría durar de 1 a 1.5 años, y si se llega a juicio, este podría durar 3 a 4 años, dada la complejidad del caso.
En cuanto a la seguridad del centro comercial, Caro mencionó que las autoridades competentes deben garantizar que el lugar cumpla con todas las condiciones de seguridad antes de permitir su reapertura.
La administración del centro tiene la responsabilidad de garantizar las condiciones estructurales adecuadas para evitar que un incidente similar ocurra en el futuro.
El abogado enfatizó que este caso requiere un seguimiento cuidadoso, tanto en la vía penal como civil, para determinar responsabilidades y ofrecer justicia a las víctimas.