Caso Andrea Vidal: Fiscalía archivó investigación por homicidio
El Ministerio Público también cerró previamente la indagación sobre una supuesta red de prostitución en el Parlamento.
La Primera Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria - San Luis (Quinto Despacho Provincial Penal) dispuso el archivo de la investigación seguida por el homicidio calificado de Andrea Vidal, de 27 años, extrabajadora del Congreso de la República.
Conforme a la disposición del Ministerio Público, la decisión se adoptó al no haberse podido acreditar la participación de los indagados ni identificar a los autores materiales e intelectuales del ataque a balazos.
La exservidora parlamentaria fue acribillada en el mes de diciembre de 2024 mientras se desplazaba al interior de un taxi conducido por el ciudadano venezolano José Daniel Vargas Briceño, perdiendo la vida días después debido a la gravedad de las heridas.
Las indagaciones iniciales del caso contemplaron hipótesis relacionadas a presuntas actividades ilícitas en el entorno del Poder Legislativo.
Caso Andrea Vidal: indagación sobre presunta red y principales investigados
Las primeras líneas de investigación abrieron una causa independiente sobre una supuesta red de prostitución vinculada a la sede del Parlamento.
Las diligencias alcanzaron al exjefe de la Oficina Legal del Congreso, Jorge Torres Saravia, quien tuvo como subordinada a la víctima; sin embargo, este extremo fue archivado de manera definitiva por el Ministerio Público en febrero de 2026.
Respecto al proceso por homicidio calificado, las pesquisas tuvieron como investigado principal a la expareja de la agraviada, David Rodrigo Falcón, además de los ciudadanos Thonny Monja Mejía, Lucero Espinoza Chinchay, Santiago More Calderón y David More Ríos.
Fundamentos de la fiscalía y orden de archivo definitivo
El documento del Quinto Despacho Provincial Penal de La Victoria y San Luis precisa que no se alcanzaron los presupuestos exigidos para continuar con la etapa preparatoria del proceso penal.
Sobre el motivo de la conclusión del caso, la disposición fiscal señala que no se ha podido "acreditar la responsabilidad o participación de los investigados, ni se ha logrado la identificación de los autores del hecho violento".
En consecuencia, el organismo de justicia ordenó el cierre de las actuaciones formuladas contra el grupo de sospechosos.
Tags
Relacionadas
