Caso JNJ: ¿Qué medidas puede tomar la Cancillería ante la posición de la ONU en el Perú?

El exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Rodríguez Mackay, calificó como una acción "contraria" el comunicado del coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Perú, Igor Garafulic, en el que se cuestiona la investigación sumaria contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por parte del Congreso.

"El impacto que ha provocado un pronunciamiento del representante, residente de las Naciones Unidas en el país que es contrario a la naturaleza en la actuación. La resolución del 21 de diciembre de 1965 es claro, al señalar que, está prohibido, es inadmisible cualquier intento o acto de intromisión en un Estado", indicó Rodríguez Mackay.

El extitular del Ministerio de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Pedro Castillo señaló, además, que el reciente pronunciamiento "no emana" de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual es, según indicó, es el órgano estrella del sistema internacional planetario.

"Ha sido atípico donde emite una calificación de la separación de poderes y no es un asunto del derecho internacional, sino del derecho interno. Cuando dice que le preocupa que se investigue, a nadie podría preocuparle que, desde afuera, entre verticalmente al derecho nacional una preocupación por investigación, ni siquiera se habla de la remoción", explicó el experto en temas internacionales.

ANTECEDENTES

Por su parte, la constitucionalista Beatriz Ramírez consideró que el Congreso de la República ejerce "una arremetida múltiple" contra las instituciones del sistema de justicia nacional y que, al respecto del caso de la Junta Nacional de Justicia, "quiere aplicar un procedimiento que se utilizó dos veces".

"En el 2010 y en el 2018 se han sacado consejeros por faltas graves, pero que eran evidentes. A un señor lo agarraron cobrando coimas infraganti a jueces y fiscales, y era el señor Efraín Anaya [...] y con eso se le destituyó en el Pleno. Y el otro caso grave es el de 'Los Hermanitos' donde se dio un plazo célere de dos semanas que empezó con dos consejeros y luego a todo el pleno de lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura", argumentó Ramírez.