Caso ONPE: PJ descarta detención de Piero Corvetto pero ordena incautaciones
En los fundamentos de la resolución, el juez señala que, si bien existen indicios de la posible comisión del delito, no se acreditó con suficiente intensidad el peligro procesal —como riesgo de fuga u obstaculización de la investigación— que justifique una detención preliminar
El Poder Judicial declaró infundado el pedido de detención preliminar contra el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, y otros exfuncionarios investigados por presuntas irregularidades en el proceso electoral del 12 de abril. Sin embargo, autorizó el allanamiento de sus viviendas y la incautación de material relevante para la investigación.
Según la resolución judicial —de más de 60 páginas—, el juez determinó que no correspondía dictar la medida de detención preliminar ni el levantamiento del secreto de las comunicaciones en modalidad de geolocalización de los investigados.
Según la resolución judicial —de más de 60 páginas—, el juez determinó que no correspondía dictar la medida de detención preliminar ni el levantamiento del secreto de las comunicaciones en modalidad de geolocalización de los investigados.
La medida alcanza también a otros exfuncionarios de la ONPE, como José Samamé Blas y Juan Antonio Phang Sánchez, entre otros implicados en el caso.
Como parte de las diligencias, el Ministerio Público quedó autorizado para acceder, visualizar y extraer información contenida en equipos electrónicos incautados, incluyendo conversaciones en aplicativos de mensajería que puedan aportar elementos de convicción.
Investigación fiscal se desarrolla por el presunto delito de colusión agravada
La investigación fiscal se desarrolla por el presunto delito de colusión agravada, que implica un acuerdo ilegal entre funcionarios públicos y terceros para perjudicar al Estado. Este delito contempla penas superiores a los cuatro años de prisión.
En los fundamentos de la resolución, el juez señala que, si bien existen indicios de la posible comisión del delito, no se acreditó con suficiente intensidad el peligro procesal —como riesgo de fuga u obstaculización de la investigación— que justifique una detención preliminar.
El Ministerio Público había argumentado la existencia de este riesgo en los casos de Corvetto y otros investigados; sin embargo, el Poder Judicial consideró que no se cumplían los requisitos necesarios para restringir su libertad en esta etapa del proceso.
A pesar de ello, la Fiscalía continuará con la recolección de pruebas a través de los allanamientos, en los que participa personal policial, peritos de criminalística y equipos especializados en análisis digital.
Tags
Relacionadas
