Caso Orellana: El problema de las cooperativas no se acaba con Coopex

Sergio Espinoza, Superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), consideró que existe un “florecimiento” de cooperativas en el país que no termina con Coopex, la cual fue utilizada por el empresario Rodolfo Orellana en la contratación de obras públicas de manera ilegal.

“Hay un florecimiento de cooperativas en zonas como Ayacucho, en Apurímac, muy cercano al Vraem, en donde además tenemos evidencia que se están ofreciendo tasas de retorno mayores a lo que se cobra por los prestamos”, dijo Espinoza.

En entrevista en ‘No culpes a la noche’, Espinoza Chiroque sostuvo que la falta de supervisión a estas unidades financieras ocasiona este tipo de irregularidades. En ese sentido indicó que existe un proyecto que plantea que la supervisión de las cooperativas pase a manos de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Esta iniciativa está pendiente para su debate en el Pleno del Congreso de la República.

Consultado acerca del modus operandi de Rodolfo Orellana, Espinoza explicó que el empresario emitió cartas fianza a través de Coopex para la contratación de obras públicas.

Esta acción es ilegal, afirmó, pues en la ley de contratación con el Estado las cooperativas no están autorizadas para emitir dichos documentos. 

Sin embargo, Orellana Rengifo lo hizo obteniendo de manera irregular resoluciones judiciales de amparo, que le permitieron presentarse en los concursos de obras públicas como fiador.

El también abogado se valía de estos recursos para garantizar obras que después no se ejecutaban.

“Se recibía el pago con la garantía de una carta fianza que no valía nada y luego se iban con la plata”, explicó Espinoza.

Finalmente Sergio Espinoza consideró que el trabajo de la UIF debe ser confidencial, pues quienes reportan las irregularidades son los bancos, los notarios, las empresas inmobiliarias, entre otras entidades, y no es bueno que los criminales tomen conocimiento de quiénes los están demandando.

DATO:

Perú es el único país en América Latina cuya unidad de inteligencia financiera no puede levantar el secreto bancario de un investigado.