Cluber Aliaga sobre armas para EMAPE: “Hay aparentes soluciones que van a generar mayores problemas”

El exministro del Interior y general de la Policía Nacional en retiro, Cluber Aliaga, cuestionó la autorización otorgada por la Sucamec para que la EMAPE cuente con personal autorizado para portar armas de fuego./ Video: Canal N

El exministro señaló que, desde su interpretación del marco constitucional, el uso institucional y oficial de armas de fuego corresponde a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional

El exministro del Interior y general de la Policía Nacional en retiro, Cluber Aliaga, cuestionó la autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) para que la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) cuente con personal autorizado para portar armas de fuego.

En diálogo con Canal N, Aliaga sostuvo que la medida podría generar mayores riesgos para la seguridad interna y consideró que la Municipalidad de Lima debería recurrir a empresas privadas de vigilancia y solicitar el apoyo de la Policía Nacional del Perú para proteger a sus trabajadores e instalaciones.

Aliaga cuestiona uso de armas por entidades públicas

El exministro señaló que, desde su interpretación del marco constitucional, el uso institucional y oficial de armas de fuego corresponde a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. “Hay aparentes soluciones que en lugar de resolver problemas van a generar aún mayores problemas”, afirmó Aliaga al referirse a la autorización para EMAPE.

Según explicó, permitir que otras instituciones públicas desarrollen funciones armadas podría generar una proliferación de armas y aumentar el riesgo de sustracciones, robos o desvíos hacia el mercado ilegal.

Propone contratar empresas de seguridad privada

Frente a la necesidad de proteger las obras y trabajadores de EMAPE, Aliaga recomendó que la Municipalidad de Lima contrate empresas privadas de seguridad y recurra a la Policía Nacional cuando se requiera una respuesta frente a hechos delictivos.

El exministro recordó que distintas entidades públicas utilizan servicios privados para proteger sus instalaciones y consideró que esta alternativa permitiría atender las necesidades de seguridad sin crear estructuras armadas dentro de instituciones públicas.

Asimismo, cuestionó que un grupo reducido de serenos pueda hacer frente a organizaciones criminales armadas. “Un sereno se enfrente a un grupo de delincuentes. Eso es absurdo”, sostuvo.

Serenazgo debe cumplir una función preventiva

Aliaga consideró que el serenazgo debe concentrarse principalmente en labores de prevención, alerta temprana y apoyo a la Policía Nacional, en lugar de asumir funciones propias de los agentes policiales.

En ese sentido, mencionó acciones como la iluminación de calles y parques, la instalación de cámaras de videovigilancia, la recuperación de espacios públicos, la organización vecinal y otras medidas destinadas a dificultar la actuación de los delincuentes. “Cada uno tiene su sitio, su rol, y hay que desempeñar bien ese rol”, afirmó.

El exministro sostuvo que la seguridad ciudadana no consiste únicamente en enfrentar directamente a los delincuentes, sino también en implementar medidas preventivas que reduzcan las oportunidades para la comisión de delitos.

Aliaga también señaló que dotar de armas de fuego a personal municipal requeriría implementar sistemas de almacenamiento, control, capacitación e instrucción especializada. 

Advirtió que las armas podrían ser sustraídas o utilizadas de manera indebida y que incluso podrían producirse accidentes entre los propios trabajadores. Por ello, consideró que no se trata de una solución sencilla y cuestionó que se pretenda incorporar armas de fuego al serenazgo como respuesta frente a la inseguridad.

Cuestiona eventual armado de serenos

Consultado sobre qué tipo de capacitación deberían recibir los serenos en caso de utilizar armas, Aliaga sostuvo que, desde su posición, ningún sereno debería portar armas de fuego, debido a que considera que ello contravendría el marco constitucional.

Finalmente, insistió en que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas deben mantener el rol de enfrentamiento directo contra organizaciones criminales, mientras que las municipalidades deben fortalecer las acciones de prevención y coordinación con las fuerzas del orden.

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