Comandante general de la PNP asume investigación en Caraz

Ministerio del Interior. Foto: Andina / Video: Canal N

El Ministerio del Interior dispuso el traslado del alto mando policial para dirigir las diligencias por el asesinato de Susy Aponte y reportó la detención de dos ciudadanos extranjeros en Caraz y Lima

Por disposición del Ministerio del Interior, el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Fredy López Mendoza, asumió la dirección de la investigación en Caraz por el asesinato de la periodista Susy Aponte Polo. La medida oficial busca garantizar el mayor rigor técnico en el esclarecimiento del crimen y de las lesiones por arma de fuego ocasionadas a otras personas. El operativo cuenta con la participación del jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal y personal especializado de la DIRINCRI.

De acuerdo con la información institucional a la que tuvo acceso Canal N, el titular del sector, César Astudillo, ordenó la presencia operativa del alto mando policial en la zona de los hechos. Las autoridades competentes desarrollan las acciones en articulación permanente con el Ministerio Público. El caso involucra a dos ciudadanos de nacionalidad venezolana que se encuentran detenidos y permanecen a disposición de la justicia.

Captura de presuntos implicados durante el operativo en Caraz

Las primeras intervenciones policiales ejecutadas en el marco del caso resultaron en la detención de dos ciudadanos extranjeros vinculados al hecho. El individuo identificado con las iniciales L.I.O.D., de 30 años de edad, fue capturado en flagrancia el 19 de septiembre en Caraz como presunto autor material del ataque. Las autoridades mantienen a este sujeto bajo custodia mientras avanzan las diligencias de ley correspondientes al caso.

Posteriormente, las fuerzas del orden detuvieron al ciudadano de iniciales R.J.T.A., de 29 años de edad, durante la madrugada del 20 de septiembre en la ciudad de Lima. Este segundo implicado fue trasladado bajo resguardo policial hacia la región de Ancash para continuar con las indagaciones en la zona. La presunta vinculación de ambas personas con el asesinato sigue siendo materia de investigación por parte de la Policía Nacional.

Desarrollo de pericias balísticas e inspecciones en Caraz

El comandante general de la PNP y los equipos especializados ejecutaron inspecciones técnicas en los principales puntos de Caraz relacionados con la investigación criminal. Las labores de campo abarcaron la escena del crimen, la presunta ruta de escape utilizada por los atacantes y el hospedaje donde habrían permanecido los sospechosos. Estas actuaciones operativas tienen como objetivo reconstruir la secuencia temporal de los hechos e identificar nuevos elementos probatorios relevantes.

En el ámbito criminalístico, los agentes dispusieron la pericia balística forense de una pistola Glock calibre 9 x 19 mm, serie BTVG236, la cual presuntamente fue empleada en el homicidio. Los registros oficiales revelan que dicha arma incautada presenta una denuncia por hurto registrada en la Comisaría PNP Villa El Salvador el 15 de noviembre de 2023. Los resultados de esta homologación balística se incorporarán a la carpeta fiscal bajo estrictos protocolos de cadena de custodia.

Coordinación institucional y solicitud de detención preliminar

Las autoridades policiales sostuvieron una reunión de trabajo con representantes del Ministerio Público en las instalaciones de la Comisaría PNP Caraz para definir las acciones inmediatas. En este encuentro, el equipo de investigadores evaluó los avances obtenidos y estableció el cronograma de las diligencias urgentes e inaplazables para el esclarecimiento del ataque contra la candidata al Gobierno Regional de Ancash. El Ministerio del Interior confirmó que la investigación mantendrá este nivel de coordinación interinstitucional hasta concluir el proceso legal.

Con el fin de asegurar la continuidad de los procedimientos, la Policía Nacional presentó un requerimiento formal ante el juzgado penal competente para convalidar la detención de los sospechosos. La solicitud institucional plantea un plazo de retención de hasta siete días de acuerdo con los marcos legales vigentes en el país. Las instancias judiciales deberán resolver este requerimiento conforme al debido proceso y en estricto cumplimiento de los derechos fundamentales de los procesados.

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