Congreso aprobó reforma para acusar constitucionalmente a titulares del JNE, ONPE y Reniec

La Comisión de Constitución del Congreso aprobó, con 16 votos a favor, cuatro en contra y cinco abtenciones, el dictamen que plantea la reforma constitucional del artículo 99 de la Constitución Política para que los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), puedan ser sometidos a procedimientos de acusación constitucional y ampliar para el antejuicio.

La iniciativa fue sustentada por la congresista y presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano, quien indicó que la propuesta legislativa responde al caso de infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, que tiene el objetivo de dar un paso adelante para mejorar la democracia y la transparencia, según argumentó.

Es preciso indicar que en la propuesta aprobada se plantea que la Comisión Permanente podrá acusar ante el Congreso, a los más máximos titulares del sistema electoral incorporándolos al grupo de altas autoridades que, de acuerdo con el artículo 99 de la Constitución, pueden ser acusados constitucionalmente por el Legislativo.

Ahora, la iniciativa aprobada deberá ser agendada para ser votada ante el Pleno del Congreso. Cabe indicar que, al ser una reforma constitucional, debe contar con un mínimo de 87 o ser admitida por mayoría simple con una ratificación posterior mediante referéndum.

¿QUÉ DIJO EL JNE SOBRE LA REFORMA APROBADA?

Más temprano, el JNE emitió un comunicado en el que remarcaron la "inviabilidad" de la Ley de Reforma Constitucional del artículo 99 de la Constitución Política del Perú para incorporar a los titulares del Sistema Electoral en el procedimiento de acusación constitucional.

"Resultaría contrario a los principios que sostienen a un Estado Constitucional y democrático de derecho, sobre todo a los principios de separación de poderes, independencia e imparcialidad, que se permita que un órgano de naturaleza y composición eminentemente político como el Congreso, tenga la competencia para ejercer control de las decisiones que emiten organismos electorales", se señaló en el pronunciamiento.