Congreso: Aprueban dictamen por Unidades de Flagrancia Delictiva

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso dio un paso en la lucha contra la inseguridad ciudadana al aprobar el dictamen que implementa las Unidades de Flagrancia Delictiva a nivel nacional. La medida, sustentada en los proyectos de ley 13636/2025-CR y 14004/2025-CR, modifica la Ley 32348 para establecer un Sistema Nacional de Justicia Especializado que permita procesar y sentenciar de manera célere delitos de alta peligrosidad.

El presidente del grupo de trabajo, Flavio Cruz, explicó que esta reforma legal busca responder frontalmente al avance de delitos como la extorsión y el sicariato. Con 13 votos a favor, la propuesta apunta a generar un efecto disuasorio mediante la aplicación de prisión preventiva inmediata. Según el texto aprobado, las penas a imponer superarán los cinco años de privación de la libertad, lo que garantiza que los delincuentes no eludan la justicia bajo comparecencia.

Modificaciones técnicas y debate parlamentario

Durante la sesión, el debate técnico permitió ajustar la terminología de la norma. La congresista María del Carmen Alva planteó que se cambie la denominación de las unidades de "supranacionales" a "supraprovinciales", propuesta que fue aceptada por la presidencia de la comisión. Por su parte, la legisladora Gladys Echaíz instó a un análisis profundo de la articulación institucional para evitar futuros conflictos de competencias entre el Poder Judicial y la Fiscalía.

El dictamen incorpora párrafos específicos en los artículos 12, 13 y 15 de la Ley 32348. Estas modificaciones buscan que el proceso de flagrancia no sea solo una vía rápida para delitos menores, sino una herramienta potente contra el crimen organizado. No obstante, el congresista Cruz Mamani advirtió que la eficacia del sistema dependerá directamente de la capacidad operativa y la eficiencia de la Policía Nacional y los órganos jurisdiccionales.

Sanciones drásticas contra la venta de menores

En la misma jornada, la comisión aprobó por unanimidad la tipificación de la venta de niñas, niños y adolescentes en el Código Penal. Esta nueva normativa establece penas de entre 12 y 20 años de prisión para quienes entreguen o reciban menores a cambio de dinero o beneficios económicos. La ley busca erradicar prácticas ilícitas que muchas veces se camuflan bajo procesos de adopción irregulares o intermediaciones ilegales.

El dictamen incorpora los artículos 129-R y 129-S, agravando la sanción hasta los 25 años de cárcel en casos específicos. Estas agravantes se aplicarán cuando exista una pluralidad de víctimas o cuando el agresor sea el cónyuge, conviviente, tutor o ascendiente del menor. Además, si el agente es un funcionario público, se le impondrá la inhabilitación definitiva para ejercer cargos en el Estado, reforzando la protección de la infancia.

Estabilidad laboral en Sunarp y cierre de sesión

Finalmente, el grupo parlamentario aprobó con 14 votos a favor el dictamen que permite el cambio de contratos CAS de plazo determinado a plazo indeterminado para el personal de la Sunarp. Esta medida está dirigida exclusivamente a los trabajadores que desempeñan labores de naturaleza permanente, buscando reducir la precarización laboral en la entidad registral.

Con estas aprobaciones, la Comisión de Justicia eleva al Pleno del Congreso un paquete de reformas que tocan ejes sensibles como la seguridad pública, la protección de poblaciones vulnerables y la modernización del sistema laboral estatal. La expectativa ahora se centra en la ratificación de estas medidas por la representación nacional para su posterior promulgación por el Ejecutivo.

La Comisión de Justicia del Congreso aprobó implementar Unidades de Flagrancia a nivel nacional para aplicar prisión preventiva inmediata y penas severas contra extorsionadores y sicarios. Asimismo, se incorporó al Código Penal el delito de venta de menores con sanciones de hasta 25 años de cárcel en casos agravados. Finalmente, se autorizó el pase a contrato indeterminado para trabajadores CAS de Sunarp que realizan labores permanentes en la institución.