Congreso archiva denuncia contra Dina Boluarte por caso protestas
La decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales frena un proceso que incluía a seis exministros de Estado.
La Comisión Permanente del Congreso de la República declaró improcedente la denuncia constitucional contra la exmandataria Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas sociales. De acuerdo con el procedimiento, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales dispuso el archivo directo de la acusación formulada originalmente por la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.
El acuerdo parlamentario se anunció este miércoles durante la sesión oficial de la Comisión Permanente, donde se dio cuenta del informe técnico de calificación. La resolución aprobada detiene el trámite de un expediente que imputaba presuntos delitos de lesiones graves por omisión y violación de derechos humanos durante las movilizaciones ocurridas entre finales de 2022 e inicios de 2023.
Alcance técnico del archivo a favor de Boluarte
El dictamen emitido por el fuero legislativo alcanza también a seis exministros que integraron el primer gabinete ministerial del régimen de la expresidenta. Entre los exfuncionarios comprendidos en el informe de improcedencia figuran el exjefe de gabinete Pedro Angulo y el exministro de Defensa Alberto Otárola, además de los extitulares de Interior César Cervantes, Vicente Romero y Víctor Rojas, junto al exministro de Defensa Jorge Chávez Cresta.
El pronunciamiento parlamentario no constituye una resolución sobre el fondo de la materia jurídica ni valida la existencia o ausencia de responsabilidad penal en los hechos. Según argumentó la congresista Gladys Echaíz, la declaración de improcedencia responde formalmente a la falta de adecuación del documento de la fiscalía a los presupuestos materiales de las normas penales o constitucionales vigentes.
Posturas encontradas tras la decisión sobre Boluarte
La disposición de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales generó opiniones divergentes entre los representantes de las distintas agrupaciones políticas del Parlamento. El presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, informó que la medida se ejecuta debido a que múltiples denuncias constitucionales se presentan sin el fundamento legal requerido por la normativa de la institución.
Por su parte, parlamentarios de bancadas de oposición manifestaron su desacuerdo con la finalización del procedimiento de antejuicio político. El legislador Edgard Raymundo señaló que el archivamiento representa un mensaje negativo para el país, al evitar que el Pleno del Congreso realizara un debate abierto sobre las más de 40 muertes registradas en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa y Lima.
Efectos legales en el proceso contra Boluarte
El rechazo de plano de la denuncia constitucional interrumpe de forma definitiva el avance del caso hacia las instancias de sanción política del Poder Legislativo. Si la acusación hubiese avanzado en la Comisión Permanente, el reglamento estipulaba el envío del expediente al Pleno para evaluar una eventual inhabilitación para el ejercicio de la función pública.
Con el archivamiento ratificado, la exjefa de Estado y sus exministros de Estado quedan exentos de afrontar una acusación penal inmediata por la vía del antejuicio en el Parlamento. El marco legal vigente establece que al declararse la improcedencia técnica del documento fiscal, la causa es remitida directamente al archivo sin opción de reapertura en la presente legislatura.
La Comisión Permanente del Congreso archivó la denuncia constitucional de la exfiscal Delia Espinoza contra Dina Boluarte y seis exministros por las muertes en las protestas de 2022 y 2023. La decisión se fundamentó en la falta de adecuación a los presupuestos legales, interrumpiendo el proceso de antejuicio que podía derivar en una inhabilitación política o acusación penal.
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