Congreso: Comisión archiva denuncia contra pdta. Dina Boluarte
La denuncia constitucional incluía también a seis exministros del gobierno de Dina Boluarte.
El pleno de la Comisión Permanente del Congreso aprobó este jueves 11 de setiembre el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomendó el archivo de la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra.
La denuncia fue presentada por el ex fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, por las muertes ocurridas durante protestas sociales entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
El acuerdo se adoptó con 12 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones. Minutos después, se sometió a votación una reconsideración, pero esta fue rechazada con 9 votos a favor, 13 en contra y sin abstenciones. El informe fue conducido por el tercer vicepresidente del Parlamento, Ilich López.
Informe final no halla pruebas suficientes
La denuncia acusaba a Boluarte y varios exministros por omisión impropia, dolo eventual y otros cargos relacionados con delitos de homicidio calificado, lesiones graves y leves durante protestas.
Se alegaba que hubo falta de acción estatal dirigida a proteger la vida y salud de los ciudadanos, así como omisión de órdenes frente a incidentes violentos.
Lady Camones, presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, indicó que las evidencias presentadas no demuestran de manera fehaciente que los denunciados hayan actuado con voluntad de causar muertes o lesiones, ni que hayan usado la estructura del Estado para tales efectos.
Ámbito del caso: quiénes fueron denunciados
Entre los denunciados figuran, además de la presidenta, Pedro Miguel Angulo Arana, Luis Alberto Otárola, César Augusto Cervantes, Víctor Eduardo Rojas, Jorge Luis Chávez Cresta y Vicente Romero Fernández.
Estos exfuncionarios ocuparon cargos clave en los ministerios del Interior, Defensa y Presidencia del Consejo de Ministros durante los hechos.
La denuncia del Ministerio Público se basaba en el relato de 49 fallecidos y 250 heridos, aunque la Subcomisión revisora del informe reconoce que los números varían según las fuentes y los registros finales disponibles actualmente.
Debate sobre responsabilidad penal y política
Ruth Luque y Flavio Cruz expresaron su objeción al informe. Luque calificó el documento como “ligero” y sostuvo que responde a intereses que buscan evitar que el Ministerio Público investigue objetivamente. Cruz subrayó que este archivo debilita la memoria histórica del país.
Se discutió también si la denuncia debía volver a la Subcomisión para mejor valoración, propuesta que fue rechazada tras empate en votos. El presidente del Congreso tuvo que dirimir en ese momento, votando en contra de la reconsideración.
Votación y efecto del archivo
El archivo implica que la denuncia constitucional 509 no seguirá su curso jurídico‑parlamentario contra la presidenta ni los exministros involucrados.
Aunque se reconoce la gravedad de los hechos imputados, la comprobación de responsabilidad jurídica penal directa no fue satisfecha por el informe.
La decisión parlamentaria no impide que otras instancias, como el Ministerio Público, sigan investigando bajo su competencia legal sobre posibles responsabilidades penales.
Reacciones tras la aprobación
Cuando se aprobó la recomendación de archivo, congresistas opositores como Ruth Luque manifestaron su desacuerdo y acusaron al informe de obstruir la justicia. También alertaron sobre el daño simbólico que tiene para las víctimas y sus familias.
Procedimientos futuros posibles
A pesar del archivo, se espera que sigan existiendo instancias abiertas de investigación. Se prevé que el Ministerio Público pueda continuar recabando testimonios y evidencias, así como que las víctimas busquen otras vías legales para sostener su reclamo.
El Parlamento podría propiciar revisiones normativas para mejorar los estándares probatorios en denuncias constitucionales similares.
La Comisión Permanente del Congreso recomendó archivar la denuncia constitucional DC‑509 contra Dina Boluarte por muertes ocurridas en protestas de diciembre 2022 a enero 2023. El informe no encontró pruebas suficientes para acreditar los delitos imputados como homicidio calificado, lesiones graves y leves debido a omisión impropia o dolo eventual. Tras votación inicial de 12 a favor y la reconsideración rechazada, la propuesta fue aprobada con 12‑10. Los denunciantes y congresistas opositores expresaron su rechazo. Aunque archivada, la denuncia no impide que el Ministerio Público investigue por la vía judicial.
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