Congreso delega facultades al Ejecutivo por 60 días
La ley publicada en El Peruano autoriza reformas en seguridad, economía y fortalecimiento institucional, incluyendo cambios penales, migratorios, aduaneros y de inversión bajo supervisión constitucional.
Desde el 15 de diciembre de 2025, el Poder Ejecutivo tiene facultades para legislar por un plazo de 60 días calendario, tras la publicación de la Ley 32527 en el diario oficial El Peruano. La norma fue aprobada por el Congreso de la República y establece que esta delegación se aplicará a tres ejes: seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional.
La delegación fue otorgada bajo los marcos constitucionales y reglamentarios del Parlamento, conforme a los artículos 101 y 104 de la Constitución, y artículos del Reglamento del Congreso. El Ejecutivo podrá emitir decretos legislativos en materias específicas previstas en el artículo 2 de la ley, sin exceder los límites establecidos.
Ámbitos habilitados por la ley publicada
La norma habilita reformas en seguridad ciudadana, incluyendo la modificación del Código Penal para enfrentar delitos como extorsión, sicariato, secuestro y minería ilegal. También permite el fortalecimiento del régimen penitenciario, autoriza la creación de un subsistema contra la extorsión y habilita procedimientos especiales en casos de flagrancia.
El texto aprobado incluye además la posibilidad de modificar leyes migratorias, tributarias y aduaneras. Entre los objetivos señalados figura combatir el uso indebido de la figura de refugiado, reforzar el control sobre titulares financieros e implementar herramientas tecnológicas para la trazabilidad de llamadas y mensajes.
Cambios normativos en materia penal y procesal
El Poder Ejecutivo podrá modificar artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal. Uno de los cambios autorizados es la tipificación del delito de revelación de información reservada en investigaciones penales y policiales. La norma exige que este cambio respete la libertad de prensa, el secreto profesional y el derecho a la información.
Asimismo, se habilita el incremento de penas por resistencia a la autoridad, el control de dispositivos móviles en flagrancia delictiva y la incorporación de nuevas figuras penales para combatir la extorsión en sus distintas etapas.
Reformas aplicables al sistema penitenciario
La Ley 32527 autoriza el rediseño del Régimen Cerrado Especial, incluyendo una etapa de máxima seguridad. También contempla restricciones para beneficios penitenciarios en delitos de alta lesividad y mecanismos de control judicial para su aplicación. Se plantea la creación de un sistema de clasificación automática para internos, en función del delito cometido.
El Ejecutivo también podrá legislar sobre el suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones en penales y centros juveniles, así como sancionar la instalación de antenas no autorizadas en zonas adyacentes a estos centros.
Medidas contra el uso indebido del refugio y control migratorio
Se establece la posibilidad de modificar la Ley del Refugiado para fortalecer los filtros en el reconocimiento de esta condición. Entre las medidas está la captura biométrica obligatoria de solicitantes y el archivamiento de casos improcedentes. Además, se busca evitar el uso de la apatridia como mecanismo de evasión de control migratorio, en coordinación con organismos internacionales como Interpol.
También se habilitan cambios en el Decreto Legislativo de Migraciones para validar la identidad de personas extranjeras que acceden al sistema financiero.
Reformas tributarias, aduaneras y de inversión
La ley permite al Ejecutivo modificar normas en materia tributaria y aduanera, enfocadas en combatir el fraude, la subvaluación de mercancías y optimizar mecanismos de recaudación. También se podrán establecer medidas para mejorar la inversión en infraestructura y bienes públicos, incluyendo bienes culturales y sistemas de transporte.
En el ámbito de promoción de inversión privada, se autorizan reformas al régimen de Asociaciones Público Privadas y a las leyes sobre expropiaciones y adquisiciones para facilitar la ejecución de obras de infraestructura.
Medidas para crecimiento económico responsable
Las reformas habilitadas incluyen la adecuación del marco penal tributario frente a nuevas modalidades de fraude, así como la incorporación de mecanismos para el seguimiento de recursos financieros vinculados a delitos como lavado de activos.
Se prevé la creación de un instrumento ambiental específico para proyectos de infraestructura hidráulica, y se facilitarán condiciones para el aprovechamiento de servicios ecosistémicos en zonas de intervención de entidades prestadoras de servicios de saneamiento.
Fortalecimiento institucional y nuevas entidades públicas
En el eje de fortalecimiento institucional, se permitirá modificar normas para reforzar la innovación pública, el planeamiento estratégico y la gobernanza en ciencia y tecnología. También se autoriza la creación de la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, así como de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR).
Otras medidas incluyen reformas en protección y bienestar animal, sanidad agraria y el fortalecimiento de organismos como OSIPTEL y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
Supervisión y rendición de cuentas ante el Congreso
La norma establece que los titulares de cada sector deberán informar por escrito a la Comisión de Constitución del Congreso sobre los avances de la implementación de las medidas legislativas emitidas. Este reporte debe realizarse dentro del plazo de 60 días calendario desde la publicación de cada decreto legislativo correspondiente.
Además, se señala que las disposiciones emitidas no podrán vulnerar derechos fundamentales, incidir en procesos judiciales en trámite ni afectar las competencias del Congreso ni de otras entidades autónomas.
El Congreso publicó la Ley 32527 que delega facultades al Ejecutivo por 60 días para legislar en seguridad ciudadana, economía y fortalecimiento institucional. La norma autoriza cambios en el Código Penal, leyes migratorias, tributarias y penitenciarias. Se permitirá crear nuevas entidades como SUNIR y establecer reformas contra el crimen organizado. También se habilitan medidas para mejorar la inversión y garantizar servicios públicos. La ley exige al Ejecutivo rendir cuentas al Congreso sobre los decretos emitidos y sus avances. El marco legal establece que estas acciones no podrán afectar derechos fundamentales ni vulnerar competencias constitucionales.
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