Congreso: presentan proyecto para derogar ley de lesa humanidad
La iniciativa de Ernesto Zunini plantea revisar en un año los casos archivados y proteger a jueces por casos de lesa humanidad.
El diputado Ernesto Zunini, integrante del grupo parlamentario Juntos por el Perú, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para derogar la Ley 32107.
La iniciativa legislativa busca restablecer la plena vigencia de los tratados internacionales sobre la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La propuesta parlamentaria plantea anular la barrera temporal fijada en agosto de 2024 que impedía juzgar violaciones a los derechos humanos ocurridas antes del 1 de julio de 2002.
El documento técnico sostiene que dicha disposición interna contraviene los mandatos del derecho internacional imperativo y coloca al Estado peruano en desacato ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Juntos por el Perú plantea derogar la Ley 32107 sobre delitos de lesa humanidad
La bancada de Juntos por el Perú fundamentó su propuesta en la necesidad de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado interno.
El texto señala que la norma vigente generó un mecanismo de prescripción que cerró investigaciones penales de extrema gravedad.
La iniciativa legislativa se sustenta en el principio de ius cogens, la Convención de Viena y la Convención de 1968, tratados que establecen que los delitos internacionales no prescriben sin importar la fecha de comisión.
Los legisladores indicaron que la ley debe adecuarse a los fallos vinculantes emitidos en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
La iniciativa busca proteger a magistrados en juicios de lesa humanidad
El proyecto de ley incorpora disposiciones expresas para resguardar la independencia funcional de jueces y fiscales que investigan casos de lesa humanidad en el territorio nacional.
La propuesta busca dejar sin efecto las amenazas de sanciones administrativas o investigaciones disciplinarias contra magistrados que apliquen el control de convencionalidad.
El artículo 6.3 del texto establece que interpretar las leyes conforme a los tratados internacionales constituye un deber funcional de los operadores de justicia.
La iniciativa dispone que la inaplicación de normas contrarias a los derechos humanos no podrá ser causal de denuncias penales o civiles contra los jueces.
El proyecto establece un mecanismo de revisión de resoluciones judiciales archivadas
El documento normativo plantea un régimen de remediación procesal para revisar en un plazo de un año las resoluciones de archivo o sobreseimiento dictadas bajo el amparo de la ley derogada.
La revisión se ejecutará ante el mismo órgano jurisdiccional mediante audiencias especiales que deberán resolverse en un periodo máximo de 30 días hábiles.
Asimismo, la propuesta de la bancada de izquierda incluye una cláusula específica para reconocer la imprescriptibilidad de la violencia sexual y las esterilizaciones forzadas ocurridas en contextos de conflicto armado.
El expediente ingresará a la agenda de la Comisión de Constitución y de la Comisión de Justicia para su debate en el Parlamento.
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