Congreso: proponen amnistía total para Pedro Castillo en 2025

Un nuevo proyecto de ley fue presentado ante el Congreso de la República para conceder amnistía total a Pedro Castillo Terrones, expresidente sentenciado por el delito de conspiración para la rebelión. El documento busca extinguir cualquier acción penal, pena o antecedente jurídico vinculado a los sucesos del 7 de diciembre de 2022, fecha en la que Castillo intentó disolver el Parlamento.

La iniciativa fue suscrita por la legisladora Margot Palacios junto a otros congresistas: Germán Tacuri, Elías Varas, Víctor Cutipa y Roberto Sánchez. El texto propone como finalidad restablecer el equilibrio político e institucional del país, además de promover la reconciliación nacional y la gobernabilidad democrática.

Fundamentos del proyecto presentado en el Congreso

Según el documento, la destitución del exmandatario habría sido el resultado de un proceso político ilegal y una persecución desde el interior del propio Congreso y el Ministerio Público.

La exposición de motivos plantea que Castillo fue objeto de una campaña sistemática desde antes de asumir el cargo, con múltiples intentos de vacancia que evidenciarían un propósito premeditado de apartarlo del poder.

El texto también cuestiona la constitucionalidad del proceso de vacancia aprobado el mismo 7 de diciembre de 2022. Entre las supuestas irregularidades señala la falta de una moción válida, la ausencia de debate, y el uso de un instrumento jurídico no contemplado en el Reglamento del Congreso.

Extinción de antecedentes penales y jurídicos

La propuesta establece que la amnistía total implica la eliminación de toda sanción, antecedente o consecuencia legal relacionada con los cargos formulados contra Pedro Castillo. Esto incluye la sentencia por conspiración, así como otros procesos vinculados.

En el proyecto se invoca el artículo 102°, inciso 5 de la Constitución Política, que faculta al Congreso a conceder amnistías. También se cita el derecho internacional consuetudinario como respaldo para justificar la medida en contextos de crisis política prolongada.

Acusaciones de represión y violaciones de derechos

La exposición de motivos denuncia además violaciones a los derechos humanos ocurridas tras la salida de Castillo del poder. Se documentan casos de uso letal de la fuerza en protestas regionales y se alega un sesgo racista en la represión ejercida en zonas con población indígena.

El texto sostiene que los hechos posteriores al 7 de diciembre constituyen ataques sistemáticos contra ciudadanos que protestaban por lo que consideran una destitución ilegítima. Se adjuntan referencias a informes de Amnistía Internacional y otros medios para respaldar las acusaciones.

Rol del Ministerio Público en la imputación contra Castillo

El documento califica la actuación del Ministerio Público, bajo la gestión de la exfiscal Patricia Benavides, como alineada a fines políticos. Se menciona que las investigaciones y denuncias contra el expresidente se iniciaron con celeridad, pero sin fundamentos sólidos.

Entre las imputaciones se incluye la supuesta dirección de una organización criminal, tráfico de influencias, encubrimiento personal y otros cargos que, según el texto, fueron construidos sin respetar el artículo 117° de la Constitución, que establece límites para acusar a un presidente en funciones.

Detención de Castillo antes de la vacancia aprobada

La iniciativa resalta la cronología de los hechos del 7 de diciembre, señalando que Pedro Castillo fue detenido a las 13:42 horas, mientras que la resolución de vacancia fue aprobada a las 13:49. Además, indica que la sucesión presidencial se produjo antes de que se publicara la resolución legal en el diario oficial, cuestionando así la legalidad del procedimiento.

Se plantea además la hipótesis de que Castillo fue obligado o inducido a leer el mensaje de disolución por amenazas o presión psicológica. Esta afirmación se basa en declaraciones recogidas en entrevistas a oficiales vinculados al operativo del día.

Argumentos de otros congresistas a favor de una amnistía

Días antes, el congresista Guido Bellido también se pronunció a favor de debatir una amnistía para Castillo. En entrevista con Canal N, señaló que no se configuró el delito de rebelión y cuestionó la modificación de la acusación fiscal original durante el proceso judicial.

Bellido recordó precedentes legislativos donde el Congreso otorgó amnistía en casos similares, como el de Ollanta Humala tras el levantamiento en Locumba. Argumentó que, en el caso de Castillo, ya se aplicó una sanción política con la vacancia y la prisión preventiva.

Proceso político, no penal, según sus promotores

El proyecto presentado por Margot Palacios considera que la situación de Castillo debe ser tratada como un conflicto político y no como un proceso penal. Según el texto, la medida no genera gasto público, y se presenta como un paso necesario para cerrar una etapa de inestabilidad prolongada.

Los firmantes afirman que el restablecimiento del orden democrático pasa por reconocer los errores cometidos durante y después de la vacancia. Por ello, el Congreso es instado a ejercer su facultad de amnistía como herramienta constitucional para avanzar hacia una etapa de pacificación social.

Un grupo de congresistas encabezado por Margot Palacios presentó un proyecto de ley para conceder amnistía total al expresidente Pedro Castillo. La propuesta busca extinguir la pena y antecedentes por conspiración para la rebelión, y se argumenta que la vacancia fue ilegal. El documento denuncia persecución política, represión letal contra manifestantes y encubrimiento de violaciones a los derechos humanos. Se invocan marcos constitucionales y el derecho internacional para sustentar la medida. El proyecto se suma a otras voces, como la del congresista Guido Bellido, que también propuso abrir un debate legislativo sobre una posible amnistía para Castillo.