Subcomisión recomienda acusar a Betssy Chávez y exministros por golpe de Estado
Con 17 votos a favor, la Subcomisión aprobó el Informe Final que recomienda acusar a los exministros por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
ACTUALIZACIÓN
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó el informe final de la denuncia constitucional que recomienda acusar a Betssy Chávez y exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta por golpe de Estado.
Con 17 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención dicho grupo de trabajo aprobó acusar a los exministros por los presuntos delitos de rebelión y conspiración en calidad de coautores.
Durante la sesión, la congresista de Avanza País, Norma Yarrow, solicitó incorporar en el informe final la recomendación de suspensión de los exministros Betssy Chávez y Roberto Sánchez en su calidad de congresistas de la República mientras duren las investigaciones fiscales, de ser declarados inocentes serían repuestos en sus cargos.
También, se aprobó levantar el carácter reservado de la declaración que brindó la periodista de TV Perú a esta Subcomisión en la sesión pasada, a pedido de la Fiscalía de la Nación, para que puedan revisar el testimonio.
Como se sabe, la periodista estuvo presente, como parte de su trabajo periodístico en el canal del Estado, en el Despacho Presidencial cuando el expresidente Pedro Castillo leyó su mensaje a la Nación en el que dio su intento de golpe de Estado.
NOTA PREVIA
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso verá hoy la propuesta de informe final de la denuncia constitucional contra la congresista Betssy Chavez, en su calidad de expresidenta del Consejo de Ministros.
La denuncia constitucional 328, presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, incluye a los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, este último también parlamentario.
A los exfuncionarios en el gobierno del expresidente Pedro Castillo se les acusa de ser presuntos autores de la comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en la modalidad de rebelión y, alternativamente, por la presunta comisión del delito de conspiración en agravio del Estado.
La denuncia está relacionada con los hechos ocurridos el pasado 7 de diciembre, en que el entonces presidente de la República, Pedro Castillo, anunció un gobierno de emergencia excepcional y la disolución del Congreso, tras lo cual fue vacado por incapacidad moral.
La propuesta de informe final será sustentada por el congresista Wilson Soto Palacios (Acción Popular), en calidad de delegado de la denuncia constitucional 328.
La sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se desarrollará este lunes desde las 9:00 horas en la Sala Miguel Grau del Parlamento, de manera semipresencial.
El referido informe final fue presentado ante la SAC por el congresista Wilson Soto, de la bancada de Acción Popular, el pasado 1 de marzo.
Pedro Castillo se negó a declarar ante la Subcomisión
El pasado 21 de febrero, el expresidente Pedro Castillo se negó a declarar ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde se le realizaron 11 preguntas sobre el golpe de Estado, en el marco de la denuncia constitucional 328 contra la ex premier Betssy Chávez y los exministros Willy Huerta Olivas y Roberto Sánchez.
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, exhortó a Pedro Castillo a presentarse en forma virtual y colabore con la justicia y deje atrás su reiterativa conducta de acciones dilatorias y obstruccionistas.
La titular de la subcomisión se expresó así después de escuchar el pedido del abogado de Castillo, quien solicitó la reprogramación de su participación y que ésta sea presencial.
Camones Soriano sostuvo que dada la condición de interno que tiene el expresidente en el penal de Barbadillo no es posible su presencia física en el Parlamento y cuestionó el pedido de reprogramación.
El expresidente Castillo se encuentra actualmente cumpliendo los 18 meses de prisión preventiva que le impuso el Poder Judicial en el marco de las investigaciones en su contra por el presunto delito de rebelión.
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