Consejo de la Prensa Peruana rechaza franja informativa

El Consejo de la Prensa Peruana advirtió que la Ley 30364, publicada el martes 27 en el diario oficial El Peruano, representa una forma de control a los medios de comunicación.

La norma obliga a los medios a tratar los casos de violencia contra la mujer y el grupo familiar en espacios exclusivos sin posibilidad de edición, lo que podría derivar en una franja obligatoria e inmodificable.

Según el pronunciamiento difundido por la entidad, esta imposición atenta directamente contra la autonomía editorial, los principios de pluralidad informativa, la contrastación de hechos y la fiscalización.

A su juicio, la norma podría desinformar a la ciudadanía si el contenido responde a intereses oficiales en lugar de criterios periodísticos.

Exigen derogar la norma

El Consejo de la Prensa se reafirma en su pronunciamiento emitido el 31 de marzo pasado, donde ya alertaba sobre el riesgo de que se impongan contenidos sin libertad editorial.

Señalan que la nueva ley “pretende obligar a informar en un espacio exclusivo sin posibilidad de edición”, lo que constituye una interferencia directa en el quehacer informativo.

Consideran urgente que los responsables legislativos deroguen la norma a la brevedad, ya que representa una amenaza clara a la libertad de prensa, de expresión y de empresa, todas ellas pilares fundamentales del sistema democrático.

La violencia no debe ser excusa para controlar contenidos

Si bien el Consejo reconoce que la violencia contra la mujer y el grupo familiar es una problemática social grave que merece la atención de todos los sectores, subraya que no puede ser usada como excusa para limitar el contenido informativo.

“Emplear dicho tema como instrumento para controlar los espacios en los medios evidencia una estrategia contraria a la libertad”, añade el pronunciamiento.

La entidad recalca que el tratamiento informativo de estos temas debe ser responsable y profesional, pero respetando siempre la independencia editorial. 

El intento de normar estos contenidos desde el Estado, según el Consejo, constituye un nuevo intento de imponer censura a través de herramientas legales.