Contraloría detectó fallas logísticas de ONPE antes de comicios
El organismo supervisor reportó retrasos en la salida de vehículos y errores en las rutas de distribución, otorgando un plazo de dos días a la institución para subsanar deficiencias.
El pasado 24 de marzo, la Contraloría General de la República emitió una alerta formal a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras detectar deficiencias críticas en su programa logístico. El organismo advirtió que el plan de distribución de material electoral presentaba vulnerabilidades operativas de cara a los comicios del 12 de abril del 2026.
Ante este escenario, la entidad fiscalizadora otorgó un plazo de dos días para que la institución electoral subsanara las necesidades consideradas de urgencia. Según los reportes oficiales, las observaciones se centraron específicamente en las condiciones de los conductores y el cumplimiento de los términos de referencia contractuales para el transporte.
Deficiencias en el cronograma de salida de vehículos
Guzmán Vera, vocero de la Contraloría, informó que tras las inspecciones en diversas sedes se constató que las observaciones no fueron levantadas totalmente. Los auditores verificaron que múltiples unidades de transporte no iniciaron sus recorridos de acuerdo con el cronograma de despacho establecido originalmente por la autoridad electoral peruana.
El vocero precisó que vehículos programados para salir a las 23:00 horas recién abandonaban los almacenes a las 03:00 horas del día siguiente. Estas demoras fueron atribuidas directamente a fallas de coordinación interna y problemas de gestión logística dentro de la cadena de suministro del material de sufragio.
Errores identificados en las rutas de distribución
Las irregularidades detectadas por la Contraloría alcanzaron también la asignación de rutas y destinos para el despliegue del material electoral en la capital. Se documentó que suministros destinados al distrito de Santiago de Surco fueron cargados de forma errónea en unidades asignadas a locales de San Juan de Lurigancho.
Debido a estas confusiones en la carga, los transportistas se vieron obligados a retornar a la sede central para reorganizar los paquetes electorales. Este desorden logístico generó retrasos adicionales en la llegada de las cédulas y actas a los centros de votación previstos para la jornada.
Problemas en la recepción del material electoral
Una de las situaciones más complejas reportadas por el equipo de control involucra la falta de personal para la recepción oficial de la carga. La Contraloría recogió testimonios de conductores que llegaron a los puntos de entrega asignados y no encontraron a los responsables de recibir el material de votación.
Ante la ausencia de personal institucional en los locales de destino, las unidades debieron regresar con la carga completa hacia los almacenes de origen. Este hecho comprometió la fluidez del despliegue y generó incertidumbre sobre la cobertura total de los puntos de votación a nivel nacional.
Limitaciones de la empresa Servicios Generales Galaga
Durante una inspección realizada el último viernes en el almacén de Lurín, se determinó que la empresa Servicios Generales Galaga presentó limitaciones logísticas severas. El equipo de más de diez auditores de la Contraloría comprobó que la contratista no disponía de la cantidad de vehículos exigida por contrato.
Para intentar cubrir el déficit, la empresa recurrió a la subcontratación de unidades vehiculares que no cumplían con los estándares técnicos solicitados por la ONPE. La falta de capacidad operativa de la empresa encargada del traslado fue un factor determinante en las demoras registradas durante la etapa previa al sufragio.
Vulneración del principio de neutralidad electoral
La Contraloría identificó un incidente específico que afecta la transparencia del proceso al detectar un vehículo con el logotipo de la Municipalidad de Miraflores. Esta unidad estaba siendo utilizada para el traslado de material electoral, lo cual constituye una infracción directa al principio de neutralidad que rige los comicios.
Adicionalmente, se reportó que parte del material electoral presentaba un embalaje deficiente y que existió una asignación incorrecta de los equipos tecnológicos necesarios. El vocero institucional enfatizó que se iniciarán las indagaciones correspondientes para determinar los motivos del uso de vehículos municipales en labores de distribución privada contratada.
Requerimiento de información al jefe de la ONPE
Frente a los hallazgos, el organismo solicitó formalmente a Piero Corvetto, jefe de la ONPE, la entrega de información detallada sobre el monitoreo satelital GPS. La Contraloría exige revisar las actas, las guías de remisión y los horarios exactos de apertura de las mesas de sufragio en todo el país.
El acompañamiento preventivo de la entidad se realiza desde el mes de enero, periodo durante el cual se han emitido al menos 60 informes de control. El análisis posterior de la documentación permitirá identificar las responsabilidades administrativas por las fallas que retrasaron la instalación de mesas en diversos locales de votación.
La Contraloría advirtió a la ONPE sobre fallas logísticas críticas antes de las elecciones del 2026, otorgando un plazo de 48 horas para corregir deficiencias. El vocero Guzmán Vera reportó retrasos de hasta cuatro horas en la salida de vehículos, errores en rutas de San Juan de Lurigancho y falta de personal para recibir material. Se detectó que la empresa Servicios Generales Galaga incumplió el contrato al no tener vehículos suficientes y subcontratar unidades, incluyendo una con logo municipal que vulneró la neutralidad. La entidad ahora exige reportes GPS y auditorías detalladas a Piero Corvetto para establecer responsabilidades.