Contraloría detectó presuntas irregularidades en obra de Sedapal

Un perjuicio económico al Estado por 868,805 nuevos soles habrían causado un ex funcionario y tres servidores de la empresa Sedapal, quienes cometieron presuntas irregularidades en una obra de agua potable ejecutada en San Martín de Porres y el Callao en el año 2009.

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Se trata de la “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado del Esquema San Juan Macías y anexos – Distritos de Callao y San Martín de Porres”, ejecutada por Sedapal con recursos del Programa Agua para Todos.

La Contraloría General de la República detectó que esas cuatro personas aprobaron los presupuestos adicionales de obra números 1, 4 y 5 solicitados por el contratista, pese a que su argumento carecía de validez.

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El contratista adujo una situación imprevisible por la presencia de napa freática en el asentamiento humano Santa Beatriz y en la zona donde se tenía proyectado la rehabilitación del colector 200 Millas. Además, argumentó que en el estudio de factibilidad no se consideró la realización de excavación vertical para efectuar estudios de suelos.  

Sin embargo, en la acción de control la comisión auditora halló que en el proceso de selección, previo a la formulación de la propuesta técnico económica, los postores tuvieron conocimiento de que no se había determinado el nivel de napa freática en el estudio de factibilidad y que ese nivel sería previsto por el postor ganador, considerando que la modalidad de contrato era el de concurso oferta.

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Por ende, la previsión de los costos del expediente técnico y ejecución constituían un manejo y riesgo inherente al contratista y no podía trasladarlo a Sedapal bajo el argumento de "situación imprevisible", ya que los postores estaban alertados de que  el ganador de la buena pro debía anticipar las consecuencias que se derivaban del estudio de suelos que debía efectuar.

La comisión auditora determinó que estos hechos evidencian presunta responsabilidad civil, por lo que la Procuraduría de la Contraloría interpuso una demanda civil contra los presuntos responsables. El caso ha sido admitido y se tramita en el 6° Juzgado Civil de Lima.