Contrataciones y ascensos tras visitas al defensor del Pueblo

La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en las contrataciones en la Defensoría del Pueblo durante la gestión del titular de la institución, Josué Gutiérrez. De acuerdo con el programa Cuarto Poder, diversos expedientes de personal registran un patrón que inició con reuniones directas en el despacho principal, siguió con la emisión de órdenes de servicio y culminó con la incorporación al régimen laboral CAS o el ascenso a plazas directivas.

Las evaluaciones del órgano de control señalan que en la administración de la Defensoría del Pueblo se validaron años de experiencia no sustentados para la asignación de cargos de confianza y se facilitó el acceso a información privilegiada de concursos públicos a postulantes que participaban en los mismos procesos. La abogada especialista en contratación pública Jhoanna Rodríguez afirmó que la entidad incurrió en cuestionamientos sobre la manera en que administró sus puestos de trabajo y supervisó los deberes de la función pública.

El análisis de las contrataciones en la Defensoría del Pueblo detalla que ciudadanas sin trayectoria previa en el Estado obtuvieron órdenes de servicio días después de reunirse con el defensor del pueblo. Asimismo, la Contraloría comprobó que desde la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano de la propia institución se modificaron los registros de tiempo de servicio para ajustar los perfiles profesionales a los requisitos mínimos exigidos por los reglamentos internos.

¿Qué irregularidades identificó la Contraloría en las contrataciones de la Defensoría del Pueblo?

El informe de control de la Contraloría General de la República estableció que la ciudadana Betbiary Mariel Díaz Coral fue designada el 25 de julio de 2024 como jefa del Programa del Derecho a la Salud sin acreditar los cuatro años de experiencia específica requeridos para el puesto. Según el documento oficial leído en el reporte periodístico, la entidad consideró válidos periodos y cargos que no guardaban correspondencia con las funciones del perfil estructural para viabilizar su nombramiento de confianza.

La investigación técnica determinó que la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano incrementó de manera irregular los años de servicio de Díaz Coral para cumplir con los términos de referencia. En el primer cargo presentado se le contabilizaron tres años, dos meses y quince días cuando la documentación presentada solo sustentaba siete días de labores, mientras que en un segundo cargo se le asignó un año y diez días de experiencia basándose en un certificado que omitía la fecha de término del vínculo laboral.

Tras las diligencias realizadas por el órgano de control en enero de 2025, la funcionaria dejó la jefatura pero fue reubicada mediante resolución firmada por Josué Gutiérrez como Asesora I de la Subadjuntía para el Derecho a la Salud. Posteriormente, en junio de 2025, el defensor del pueblo suscribió una nueva resolución para designarla como adjunta en la Oficina para el Derecho a la Salud, manteniendo su vínculo con la institución pese a las observaciones pendientes de subsanación.

¿Cómo operó el patrón de visitas previas y órdenes de servicio en el despacho del defensor?

El registro de ingresos a la sede central de la Defensoría del Pueblo muestra que el 12 de junio de 2024, a las 09:05 horas, Lucía Yalán Cano ingresó al despacho de Josué Gutiérrez, permanencia que se extendió hasta las 11:13 horas. Doce días después, el 24 de junio de 2024, Yalán registró una nueva reunión en la Oficina de Gestión y Desarrollo Humano, área encargada de la administración de personal de la entidad.

Posteriormente a las reuniones institucionales, el 2 de agosto de 2024, Yalán obtuvo por primera vez su inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y diez días más tarde, el 12 de agosto de 2024, recibió su primera orden de servicio en la Defensoría del Pueblo. Tras acumular cinco órdenes de servicio para la elaboración de fichas con enfoque psicológico en centros juveniles y de adultos mayores, la servidora ascendió a una plaza de asistente administrativa bajo el régimen laboral CAS.

Un procedimiento similar se registró en el caso de Nicole Marjhory Mingos Medrano, ciudadana procedente de la región Huánuco que ingresó al despacho de Josué Gutiérrez el 30 de julio de 2024 en dos oportunidades consecutivas (a las 08:41 horas y a las 16:50 horas). Tres días después de las visitas, el 2 de agosto de 2024, Mingos obtuvo su RNP y posteriormente adjudicó cuatro órdenes de servicio antes de lograr su incorporación definitiva a la planilla CAS de la institución.

¿Qué ocurrió en los procesos de selección interna para el régimen laboral 728?

El informe de control institucional reveló que Margarita Yahuana Correa, exservidora de la bancada parlamentaria a la que perteneció Josué Gutiérrez y posterior trabajadora CAS de la Defensoría del Pueblo, participó en marzo de 2024 en un concurso interno para migrar al régimen laboral 728. Durante el desarrollo del proceso de selección, la postulante recopiló y consolidó información clasificada de la convocatoria en la que ella misma competía.

De acuerdo con la página 13 del documento de Contraloría citado en la investigación, Yahuana Correa procesó datos vinculados a los concursos del régimen 728 sin tener asignadas funciones relacionadas con los procedimientos de contratación de personal. Esta situación la convirtió en evaluadora e interesada directa de las plazas presupuestadas a las que aspiraba dentro de la administración pública.

Los registros del portal de transparencia de la Defensoría del Pueblo confirman que en marzo de 2024 Yahuana Correa figuraba como personal CAS con una remuneración mensual de S/ 7.000, monto que se duplicó al mes siguiente tras adjudicarse la plaza bajo el régimen 728. Actualmente, la funcionaria ejerce el cargo de directora general de administración de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la entidad mediante designación firmada por el propio defensor del pueblo.