Pereira: Exescolta de Boluarte puede entorpecer investigaciones

Roberto Pereira, abogado penalista, abordó la situación política y legal sobre la norma relacionada con la detención preliminar, específicamente en casos de flagrancia.

En diálogo con Canal N, expone varias críticas al manejo de este asunto tanto por parte del Congreso como del Poder Ejecutivo. 

Además, señala que el Poder Legislativo ya había aprobado la corrección de esta ley, pero el Gobierno aún no se pronuncia, a pesar de los efectos negativos que esto ha generado en la lucha contra el crimen. 

También resalta que algunas organizaciones criminales ya se han beneficiado de la situación debido a la falta de esta normativa, lo que ha generado liberaciones de personas involucradas en delitos graves, como organizaciones criminales. 

En ese sentido, Pereira subraya la preocupación de que este vacío legal está perjudicando gravemente la capacidad de las autoridades para enfrentar la criminalidad. 

“El Ejecutivo no es consciente o es consiente, que es lo más grave, del daño que le está haciendo al sistema de justicia, a la persecución del crimen, no reponiendo la figura de detención preliminar en no flagrancia”, expresó.

Además, la crítica también apunta a que el Ejecutivo no necesita esperar el plazo legal máximo para promulgar la ley, ya que la figura de la detención preliminar existía en códigos anteriores y estaba en funcionamiento antes de la derogación. La demora, en su opinión, solo está generando un daño innecesario a la lucha contra el crimen. 

Testimonio de la suboficial Ruth Ligarda, exescolta de Dina Boluarte conocida como 'la sombra' 

Sobre la designación de la suboficial Rulli Legarda, exescolta de la presidenta Dina Boluarte, a un cargo en el extranjero en un contexto de investigación, argumenta que la presencia física es preferible para garantizar un proceso robusto.

Se critica la reiterada conducta de la presidenta Boluarte de no brindar explicaciones claras y oportunas sobre situaciones controversiales, incluyendo este caso. Se menciona un historial de declaraciones confusas o tardías que afectan su credibilidad. 

En esa línea, el abogado penalista indica que la designación al extranjero no impide las declaraciones virtuales, pero considera que puede dificultar el proceso por problemas logísticos y de acceso inmediato, generando la percepción de obstrucción. 

Por último, subraya que la presidenta tiene la obligación constitucional de rendir cuentas no solo ante las autoridades judiciales, sino también frente a la ciudadanía